Los últimos gobiernos mexicanos apostaron a las energías renovables como la biomasa, pero sus resultados no fueron alentadores. La utilización de biocombustibles se hace principalmente por la búsqueda de la soberanía energética, para mitigar el cambio climático y aumentar el progreso rural de la nación. No obstante, lejos de procurarlos, esos propósitos se han incumplido.

     Todo inició con la aprobación de la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos (LPDB), después con el Reglamento de la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos y, finalmente, con la Norma Oficial Mexicana NOM-016-CRE-2016. El objetivo de estas normativas es promover la producción de insumos para bioenergéticos a partir de las actividades agropecuarias, forestales, algas, procesos biotecnológicos y enzimáticos, así como su regulación mediante la creación de la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo de los Bioenergéticos, a la par de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), la Secretaría de Energía y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Este marco legislativo tiene el fin de reactivar al sector rural mediante la generación del desarrollo regional y de las comunidades rurales menos favorecidas; en otras palabras, está dirigido a los agricultores, productores y comercializadores de biocombustibles, aunque su potencial impacto real en el sector energético, agrícola y económico, en gran parte desconocido (DOF, 2008). En la actualidad México procesa bioetanol a partir de la caña de azúcar, yuca y sorgo dulce, además de biodiesel derivado de canola, soya, palma africana y jatropha.

 

EL CASO DE SINALOA

 

En 2006 Zucarmex aprovechó la gran producción de maíz producida en Sinaloa para generar un proyecto con sede en Navolato denominado Destilmex, que planteaba generar bioetanol para exportar a Nuevo México, Arizona y California (García, 2008). En el 2007 ya contaba con el respaldo del gobierno federal del presidente Felipe Calderón, así como un apoyo de 50 millones de pesos de la Secretaría de Agricultura, lo que representaba el 10 % de la inversión total de Destilmex (García, 2008). Sin embargo, al entrar en vigor la LPDB en 2008, que prohíbe la producción de etanol con maíz si no hay excedentes, provocó dificultades tanto a la empresa como al poder ejecutivo (García, 2008).

     La SAGARPA retrasó la autorización para la producción de la planta, provocando que el siguiente año, debido a la falta de apoyo en el uso de maíz, intentaran utilizar sorgo como alternativa, pero situaciones climáticas adversas no permitieron la utilización de este grano, llevando finalmente al cierre de Destilmex (Ramírez, 2011).

     Este proyecto fracasó principalmente por la crisis de la tortilla sufrida en 2007, la falta de compromiso por parte de gobierno federal y la implementación tardía de la LPDB, lo que generó pérdidas millonarias al igual que el despido de cientos de trabajadores.

 

EL CASO DE YUCATÁN

 

A inicios del 2008, empresas como Global Clean Energy Holdings (GCEH) compraron terrenos utilizados para pastoreo de baja intensidad y bosques secundarios, para la obtención de biocombustibles a partir de la siembra de jatropha, por ser una planta resiliente (Sacramento et al., 2016). Al comienzo se les prometió a los pobladores empleos altamente remunerados en las plantaciones por los siguientes 15-30 años, con ingresos mayores a los que tenían y programas sociales que mejoraran su calidad de vida y la de su familia, generando una gran aceptación por la comunidad (Sacramento et al., 2016; Selfa et al., 2015).

     Durante el transcurso del proyecto ocurrieron diversos inconvenientes como: a) los pequeños agricultores obtuvieron menos cosechas a causa de que animales silvestres atacaban más vorazmente las milpas para alimentarse, provocado por la GCEH al talar y quemar el Monte Alto (bosque); b) se afectó a los apicultores por la deforestación y el uso extensivo de agroquímicos en el monocultivo de jatropha; c) las semillas de jatropha utilizadas presentaron baja germinación; d) en el tercer año de la siembra se reportaron diversos patógenos, como Colletotrichum capsici, que generó afectaciones en el cultivo reduciendo el rendimiento a unos pocos kilogramos por hectárea (Sacramento et al., 2016; Selfa et al., 2015).

     Al cabo de 4-5 años los rendimientos promedios eran más bajos de lo esperado,  lo que motivó que las empresas dieran por terminado sus proyectos y liquidaran a todos sus empleados, dejando mayores complicaciones ambientales y sociales en las comunidades que participaron (Selfa et al., 2015).

 

EL CASO DE CHIAPAS

 

En el 2007 se creó el Instituto de Bioenergéticos y Energías Alternativas en Chiapas encargado de la promoción de biodiésel en la región, posteriormente se reemplazó en el 2008 por la Unión de Sociedades Bioenergéticas de Chiapas, rigiéndose bajo tres ejes fundamentales: 1) la promoción del cultivo de jatropha y la generación del material reproductivo; 2) el procesamiento del aceite, al igual que la producción de biodiésel; y 3) la utilización de biodiésel (Valero et al., 2011).

     El gobierno de Chiapas en el 2007 exportó semillas de jatropha principalmente de la India y en menor medida de Tailandia, pese a la existencia de germoplasma nacional, domesticado, sin toxicidad y/o riesgos (Castellanos y Jansen, 2017; Soto et al., 2015; Soto et al., 2018). Entre ese mismo periodo y hasta el 2009 se difundió el uso de la jatropha por agentes externos, apoyados por la radio y televisión, con la única orden de que las plantaciones se dieran por debajo de los 1000 metros sobre el nivel del mar, además de que su paga sería directamente proporcional a la cantidad de hectáreas que consiguieran para la siembra de la jatropha (Soto et al., 2015; Soto et al., 2018). Cabe señalar que no solo el gobierno fue el encargado de la difusión de la jatropha, también algunos líderes locales, con motivaciones políticas, se convirtieron en piezas clave para su aceptación e implementación (Soto et al., 2018).

     Una vez que se tuvieron los agricultores y ejidatarios participantes, el gobierno proporcionó el material genético de la planta, mientras que la Comisión Nacional Forestal ofrecía subsidios a los productores que consistieron en 120 salarios mínimos ($6,310 pesos mexicanos) por cada hectárea el primer año, y a partir del segundo año 135 salarios mínimos ($7,394 pesos mexicanos); sin embargo, para conseguirlos era necesario tener una plantación con mínimo 1,600 plantas por hectárea y una alta sanidad y vigor (Castellanos y Jansen, 2017; Soto et al., 2015).

     Al comienzo, el proyecto gratificaba a todas comunidades involucradas, pero conforme avanzaba se les dio preferencia a las comunidades con mejor infraestructura en comunicación (Soto et al., 2015). Aunado a que durante los primeros años los participantes del proyecto se enfrentaron a numerosos problemas, primordialmente: a) las promesas sumamente optimistas que los agentes externos le presentaron a los productores; b) las bajas tasa de germinación de las semillas exportadas y su reducido crecimiento (un promedio de poco más de 80 cm); c) la falta de capacitación a los productores por parte de los técnicos ante el manejo de las plantaciones y cadenas productivas; d) la heterogeneidad en los suelos de cultivo utilizados por los productores; e) la inestabilidad institucional creó en los productores confusión y pérdida de confianza; f) la incertidumbre generada por los pagos a destiempo; g) la gran cantidad de químicos que eran necesarios para los cultivos, que en un comienzo se plantearon innecesarios; h) la enfermedad del cultivo causado por Ralstonia solanacearum, la cual no había sido reportada como patógeno para esa planta (Castellanos y Jansen, 2017; Soto et al., 2015; Soto et al., 2018).

     Finalmente, el gobierno de Chiapas optó por abandonar el proyecto y, con ello, a los productores que formaban parte; todo generado, al igual que en Sinaloa y Yucatán, por una mala planeación que trajo consigo más conflictos que soluciones.

 

CONCLUSIÓN

 

México no cuenta con la experiencia necesaria en el tema de biocombustibles, ni de un proyecto energético dirigido hacia ellos, por lo que los mecanismos normativos son frágiles e ineficientes, Por ello, la manera en que se implementó la producción y el uso de biocombustibles en los casos mostrados es deleznable y, sin lugar a duda, errónea. Lejos de apoyar el desarrollo nacional solo se agravaron los problemas económicos y sociales, ocasionando que surja una nueva interrogante: ¿es indispensable seguir incluyendo la elaboración de biocombustibles dentro de la agenda nacional, en lugar de apostar por otras fuentes alternativas? Sin lugar a dudas, la respuesta llega a ser compleja y polémica, pero es una cuestión que debería ser debatida tanto por una comunidad académica como por las políticas, con el único fin de beneficiar al desarrollo de los sectores menos favorecidos del país.

     Sin embargo, la postura del gobierno en turno, desde su inicio hasta ahora, es una cerrazón total en el tema de los combustibles fósiles, que ignora las opciones de biocombustibles, así como cualquier otra solución climática basada en la naturaleza para la generación energética, por lo cual no se han plasmado iniciativas de políticas públicas para la reglamentación, uso y/o aprovechamiento de esta tecnología, aunado a que se desconoce completamente si existe continuidad de los proyectos anteriores, así como en la legislación vigente. Todo esto complica más aún una adecuada adopción de los biocombustibles y sus posibles beneficios. Por ende, hasta que no exista un cambio ideológico y/o una apertura al diálogo no será posible realizar un proyecto energético con enfoque integral y holístico hacia la producción de bioenergéticos que coloque en igualdad de condición el bienestar ambiental, la equidad social y la viabilidad económica entre todos los sectores de la sociedad, que vaya orientado más allá de lo que sucede dentro de los límites de la unidad de producción individual.

     Por otro lado, debido a la gran cantidad de factores interactuando alrededor de los biocombustibles, es indispensable que se consulte a las ciencias involucradas para determinar aspectos como el área de efecto contraproducente para el ambiente; la vigencia que este proyecto tendrá para sustentar a las poblaciones involucradas; el uso de recursos efectuados en medida que estos generen una viabilidad para ser inversión eficiente; el involucramiento de los gobiernos a partir de una propia normativa sean municipales, estatales o nacionales, entre otros que puedan surgir para que la producción de biocombustibles se vea reflejada en el aumento de la economía rural, así como los beneficios a los consumidores.

 

REFERENCIAS

 

Castellanos NA and Jansen K (2017). Why do smallholders plant biofuel crops? The ‘politics of consent’ in Mexico. Geoforum 87:15-27.

DOF (2008). Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos. Recuperado de: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lpdb.htm.

García I (2008). Encara dilema legal planta de bioetanol. Recuperado de: https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx_rval=1&urlredirect=https://busquedas.gruporeforma.com/reforma/Documento/Web.aspx?id=938550|ArticulosGC_Reforma.

Ramírez M (2011). Prevén cierre en el país única planta de etanol. Recuperado de: https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?_rval=1&urlredirect=https://busquedas.gruporeforma.com/buscador/reforma/documentos/VisorArticulos.aspx?sIdIdentificadorParm=1251712|0|11|2|ArticulosGC_Reforma.

Sacramento RJC, Eastmond SA, Becerril GJ and Navarro PFS (2016). A Three-Dimensional Sustainability Evaluation of Jatropha Plantations in Yucatan, Mexico. Sustainability 8:1-18.

Selfa T, Bain C, Moreno R, Eastmond A, Sweitz S, Bailey C, Simas PG, Souza T and Medeiros R (2015). Interrogating Social Sustainability in the Biofuels Sector in Latin America: Tensions Between Global Standards and Local Experiences in Mexico, Brazil, and Colombia. Environmental Management 56:1315-1329.

Soto I, Achten WMJ, Muys B and Mathijs E (2015). Who benefits from energy policy incentives? The case of jatropha adoption by smallholders in Mexico. Energy Policy 79:37-47.

Soto I, Ellison C, Kenis M, Diaz B, Muys B and Mathijs E (2018). Why do farmers abandon jatropha cultivation? The case of Chiapas, Mexico. Energy for Sustainable Development 42:77-86.

Valero PJ, Cortina VHS y Vela CMP (2011). El proyecto de biocombustibles en Chiapas: experiencias de los productores de piñón (Jatropha curcas) en el marco de la crisis rural. Estudios Sociales 19:120-144.