Operaciones militares de acción preventiva: una opción contra las violaciones de Derechos Humanos



Isaac Ruelas Navarrete, José Luis Evangelista Ávila
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El artículo 89, fracción sexta de la Constitución Política de las Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), manifiesta que la Doctrina de Seguridad Nacional da lugar al empleo de las Fuerzas Armadas para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación. Amparado en ello, a partir del 2007, durante el período presidencial del C. Felipe Calderón, se ha empleado sustancialmente a la institución destinada a la guerra, en operaciones contra grupos criminales dentro del territorio nacional.1 En este sentido, no se trata de convertir a las Fuerzas Armadas en fuerzas de seguridad pública, para lo cual existen las diversas corporaciones policiacas en los tres niveles de gobierno, sino que actúan como refuerzo de las últimas cuando son sobrepasadas por la problemática que se presenta.  

El alto índice de violencia generado por el crimen organizado y, derivado de ello, la posibilidad de que la estabilidad y permanencia del país se vea amenazada, representan una problemática de seguridad nacional que justifica la aplicación de todos los recursos con que se cuente para su atención. Esto incluye a las Fuerzas Armadas. Sin embargo, los atropellos de que han sido objeto los ciudadanos por parte de los militares,2 permiten determinar que el problema se encuentra en la forma en que el soldado actúa durante el cumplimiento de sus labores, pues el empleo de las Fuerzas Armadas se encuentra previsto por el marco legal. 

Para dar cumplimiento al precepto constitucional antes citado, la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos (2018), establece las misiones generales del instituto armado.3 Respecto a la segunda de ellas, sobre garantizar la seguridad interior, el Manual de Operaciones en Campaña de la Secretaría de la Defensa Nacional, estima que la magnitud del problema que demande la implementación de esta segunda misión general deberá mostrar las características de algún tipo de conflicto bélico interno, ya que se les llama “formas de franca rebelión armada o de guerrillas”, las cuales sobrepasen las capacidades de las corporaciones policiacas, por lo que  

 

[...] las tropas actuarán conforme a las normas doctrinarias de hacer la guerra, aplicando los procedimientos tácticos que resulten adecuados al caso (pp. 29-30). 

 

Lo anterior nos permite considerar que el problema no se encuentra en la justificación del empleo militar en el ámbito de la violencia interna (dado que se cuenta con el respaldo legal) sino, precisamente, en la aplicación de “los procedimientos tácticos que resulten adecuados al caso”, pues no se han desarrollado nuevos procedimientos a nuevas exigencias irreductibles a guerra, guerrilla, ni rebelión armada. Es decir, ante un actuar previsto por la ley y que se ha llevado a cabo en nuestro país en los últimos años para atender al crimen organizado y a la población en general, no hay condiciones formativas que lo respalden, por lo cual la acción de las Fuerzas Armadas replicará la formación recibida para las acciones en estado de guerra, guerrilla o rebelión armada. Situación que ha tenido como efecto reiteradas violaciones a los Derechos Humanos de la población civil.  

En este sentido, el país se encuentra ante una situación de seguridad interior inédita y, en consecuencia, no contemplada en la doctrina política vigente, ya que no se trata de simples actos vandálicos delincuenciales que puedan ser atendidos por las fuerzas de seguridad pública; ni tampoco de acciones que revistan forma de franca rebelión armada o de guerrilla que deban ser abordadas por las Fuerzas Armadas conforme a las normas doctrinarias de hacer la guerra. En este caso nos encontramos ante lo que Carl Schmitt denominó “enemigo político”, el cual no tiene por qué representarse como un elemento combatiente en sí (aunque para la problemática que nos atañe, puede causar daño al igual que cualquier elemento combatiente), sino que lo define en los siguientes términos: 

 

[...] basta con que sea existencialmente distinto y extraño en un sentido particularmente intensivo. En último extremo pueden producirse conflictos con él que no puedan resolverse ni desde alguna normativa general previa ni en virtud del juicio o sentencia de un tercero “no afectado” o ”imparcial” (2019, p. 60).

 

Se considera, entonces, que la carencia de fundamento doctrinal y de una normativa para la aplicación de una política que emplee el poder militar en funciones de seguridad pública, adaptadas por la necesidad social a funciones de seguridad nacional, es lo que ha generado el alto índice de violaciones a los derechos humanos, que sustancialmente desde el año 2007 se han presentado en el país por personal castrense, ya que el soldado no cuenta con un sólido marco normativo para su actuación en este ámbito, sino que se comporta conforme a las normas doctrinarias de los conflictos armados. 

Ante esta situación, se considera conveniente que la doctrina de actuación militar, respecto a las operaciones de orden interno, no únicamente contemple llevarlas a cabo conforme a los usos y costumbres de la guerra, sobre todo cuando el ente antagónico no reviste forma de franca rebelión armada o guerrilla, sino de un enemigo capaz de acertar daños como un enemigo bélico, pero sin dejar pertenecer a la misma población que el soldado debe proteger. Ahora bien, el concepto de enemigo político también se torna complejo, tanto por lo ya indicado por Schmitt respecto a la figura del partisano,4 como porque las figuras derivadas del narcotráfico adquieren matices que escapan, en igual medida, a esa concepción del partisano.5 Tanto como a una situación inédita, nos enfrentamos a figuras inéditas que requieren una reconceptualización y nuevas formas de praxis de las Fuerzas Armadas. 

Atendamos a la posibilidad de una propuesta de modificación doctrinal, o más bien, de adición a la doctrina actual de las Fuerzas Armadas, fundamentada principalmente en los conceptos de “cultura de la paz” y “prevención del delito”, como premisas de actuación durante la ejecución de operaciones en contra de organizaciones delictivas generadoras de violencia, principalmente las dedicadas al narcotráfico y delitos conexos. Esto con el propósito de que el personal militar se encuentre en condiciones de dar cumplimiento a su segunda misión general, dentro de un marco de respeto a las garantías individuales de la población y, que esta pueda depositar su confianza en ellos y los considere salvaguardas de su seguridad y de sus derechos. 

La doctrina de orden interno actual propicia una actuación militar similar a la forma en que se llevan a cabo las operaciones de pacificación de los organismos internacionales para la restauración de las paz en lugares donde se presentan conflictos armados,6 es decir, las tropas arriban a un área hostil donde la población se ve afectada debido a que existe una grave alteración a la paz, y, por medio de la imposición de la fuerza militar, se pacifica la región, para dar lugar a la acción diplomática en la solución de las controversias. 

Dicho modus operandi, conlleva una actuación reactiva hacia la problemática que se presenta, debido a que se aplica a situaciones donde, de hecho, ya existe un conflicto, es decir, no se adelanta proactivamente para evitar la violencia, sino que actúa como respuesta de contención y solución cuando ya se han generado estragos entre la población. Si bien se han alcanzado ciertos logros en el combate a la delincuencia, este modelo ha demostrado su ineficacia ante la problemática interna de violencia en México, por lo que es necesario transitar hacia un modelo preventivo de operación militar, basado en la capacidad de adelantarse a la comisión del delito, a través de la identificación anticipada de la amenaza y actuar apropiadamente para neutralizarla antes de que materialice. 

La población demanda a sus órganos encargados de proporcionarle seguridad una condición social libre del temor y de los estragos de la violencia, y no una situación en que cotidianamente se presenten actos violentos y estos se maximicen debido a la acción más violenta de las fuerzas del orden, en la aplicación de su poder para contenerlos. Atender esta situación es factible si el soldado actúa al estilo del policía de barrio (policía preventivo), con la salvedad de que la discrecionalidad característica de las corporaciones policiacas desaparecerá al quedar absorbida por los procedimientos del ejercicio del mando y supervisión de las unidades militares.  

Además, tal concepto permite la recuperación de aspectos favorables y funcionales de ambos espacios, así como la superación de los yerros derivados de sus puntos débiles. 

 

PROPUESTA  

 

Para lograr lo anterior se considera necesario hacer una inserción en la doctrina militar de orden interno establecida en el Manual de Operaciones en Campaña, para implementar lo que denominaremos “operaciones militares de acción preventiva”, las cuales representan una forma particular de operar contra la violencia generada por entes delictivos que constituya una amenaza a la seguridad nacional. Ya que en la actualidad el soldado actúa como combatiente contra aquello que considera enemigo en un sentido bélico, ejecuta en su contra tácticas para su completa neutralización, recurriendo a los medios de que está dotado (armamento incluido) contra la amenaza que se presente.  

Bajo el concepto que se propone, los efectivos militares actuarían como “policías de barrio”, es decir, desarrollarían operaciones en contra de la delincuencia organizada en zonas urbanas, mediante una interacción cotidiana con la población que les permita interiorizarse de las necesidades y problemáticas locales, y de esta forma, estar en capacidad de detectar indicios de violencia y poner en acción los mecanismos apropiados para lograr su desarticulación antes de que se cometan. 

Esta aportación implica que se desarrollará una relación entre el soldado y la población que, bajo la debida supervisión por los comandantes en cada nivel de mando, facilitará la identificación de amenazas y anomalías que presuman la comisión de delitos. Así, es posible fortalecer la prevención del delito, y desarrollar una cultura de paz entre el gremio castrense, además de propiciar un estado de paz social, al adelantarse a la ejecución de las acciones delictivas y violentas. Esto no implica cambios a la filosofía de comportamiento castrense, sino que busca aprovechar la misma para reforzar la acción de la seguridad pública entre la población, complementando eficazmente el esfuerzo de las corporaciones policiacas. En igual medida, esto supone una formación que dé sostén a formas de relación de las Fuerzas Armadas con la sociedad civil que no estén mediadas por el concepto del enemigo bélico y el estado de guerra, guerrilla o rebelión armada. 

De esta forma, tanto el actuar de dichas corporaciones, como el de la recientemente creada Guardia Nacional, se verá sustancialmente beneficiado por el apoyo que proporcionarán las fuerzas militares; por lo que, bajo un esfuerzo común y debidamente coordinado, se buscaría que los índices de violencia y las violaciones de los Derechos Humanos se reduzcan significativamente para provecho de la sociedad mexicana. 

 

CONCLUSIONES  

 

Al considerar este proceder, se proporcionarán los fundamentos por los cuales se desarrollen los preceptos legislativos que normen la actuación del soldado en funciones de seguridad pública, se genere una formación para el trato con civiles y se reduzca el comportamiento bélico en el desempeño de estas labores. Así mismo, pondría en evidencia la necesidad de actualización del sistema educativo y de adiestramiento militar para contemplar una formación integral de los cuadros de la Secretaría de la Defensa Nacional, tanto para responder a amenazas bélicas, como de orden delictivo y la atención a civiles en medio de estos conflictos, en aras de mantener la seguridad nacional. 

Lo anterior implicaría que el soldado, además de prepararse para llevar a cabo el resto de las misiones que tiene encomendadas, se eduque y adiestre, y por consecuencia se profesionalice en el desempeño de sus funciones contra amenazas que no son propiamente de orden bélico, pero que, en la actualidad demandan la actuación de las Fuerzas Armadas en ámbitos distintos al de la guerra propiamente dicha. Especialmente, que desarrolle las habilidades ante una sociedad civil que no se ubica ni en el orden bélico, ni delincuencial. 

 

BIBLIOGRAFÍA

 

Bucio L (2016). Retos enfrentados por las Fuerzas Armadas Mexicanas durante su participación en la Estrategia de Combate al Narcotráfico del presidente Felipe Calderón Hinojosa. Revista Internacional de Ciencias Sociales y Humanidades SOCIOTAM, Vol. XXVI, N. 1: pp. 205-227. 

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (2018). Huellas imborrables: desapariciones, torturas y asesinatos por instituciones de seguridad en México (2006-2017). México. 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Última reforma publicada el 8 de mayo del 2020. 

Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Última reforma publicada el 21 de junio del 2018. 

Schmitt C (2019). El concepto de lo político. España: Alianza 

Schmitt C (2013). Teoría del partisano. España: Trotta 

Secretaría de la Defensa Nacional. (2007). Manual de Operaciones en Campaña. México. 

 

NOTAS

 

1 Luis Rodríguez Bucio (2016) comenta:

[...] desde la década de los treinta del siglo pasado, el empleo de las FAMs [Fuerzas Armadas Mexicanas] para la atención del problema del narcotráfico se ha extendido de la erradicación a la intercepción y, después, al apoyo de las instituciones gubernamentales de seguridad y justicia. Con el presidente Calderón, esta participación dio un salto cualitativo por la decisión presidencial de emplearlas en operaciones directas contra las estructuras de las organizaciones de narcotráfico. La constante común de esta ampliación de las tareas de las FAMs ha sido la incapacidad de las instancias civiles para atender por sí mismas la problemática representada por el narcotráfico (210). 

2 La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (2018), publicó en noviembre del 2018 que la CNDH, de 2007 a junio de 2017, emitió 790 recomendaciones, de las cuales 204 conforman el análisis que presentó, pues tienen que ver con violaciones graves a los derechos humanos. [...] es importante ver que de las 204 recomendaciones, 191 tienen involucramiento directo en hechos de violaciones graves de las Fuerzas Armadas y/o los policías (113 con el Ejército y, con la Marina, 38, para un total de 148 atribuibles a las Fuerzas Armadas) (5 y 7). 

3 Esta Ley (año), establece en su artículo primero, que el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos son instituciones armadas permanentes que tienen las misiones generales siguientes: 

I. Defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación;
II. Garantizar la seguridad interior;
III. Auxiliar a la población civil en casos de necesidades públicas;
IV. Realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país; y
V. En caso de desastre prestar ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio de las personas y sus bienes y la reconstrucción de las zonas afectadas.

4 Caracterizado de la siguiente forma: 

O se concebía como una especie de tropa ligera, sumamente móvil, pero regular –como en las guerras de gabinete del siglo XVIII–, o bien se calificaba como un criminal especialmente odioso que estaba, naturalmente, fuera de la ley: un hors la loi. Tenía que ser así mientras la guerra conservaba alguna significación de duelo con armas francas y sentido de caballerosidad (Schmitt, 2013, pp. 28-29). 

5 Señalemos, por ejemplo, “[...] el intenso compromiso político que distingue al partisano de otros combatientes. Hay que mantener el carácter intensamente político del partisano para no confundirlo con el vil ladrón y atracador que piensa exclusivamente en su provecho particular, sin tener otros motivos” (Schmitt, 2013, p. 32). 

6 Se trata de conflictos llevados a cabo conforme al modelo tradicional de la guerra, expuesto por Sun Tzu, K. V. Clausewitz, y otros teóricos del fenómeno bélico, donde los contrincantes son ejércitos regulares que aplican su fuerza para someter y doblegar al enemigo en busca de un objetivo político para su nación.

 

Isaac Ruelas Navarrete 
José Luis Evangelista Ávila 
Facultad de Filosofía y Letras 
Universidad Autónoma de Chihuahua 

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