Análisis de la regulación para la prohibición de plásticos en Michoacán



Rosa Vega Cano
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La solución a los problemas de contaminación causados por el uso del plástico es, actualmente, uno de los desafíos mundiales más grandes. Como es sabido, el desarrollo tecnológico e industrial del siglo pasado trajo consigo grandes cambios y, en la esfera de la producción y el consumo, uno de los más significativos fue la sustitución del acero, la madera, el papel y el algodón, por el plástico como insumo para la elaboración de una gran variedad de productos (Buteler, 2019).

     Desde entonces, la industria del plástico se ha desarrollado como una de las más productivas y rentables a nivel mundial, pero, al mismo tiempo, en una de las más perjudiciales para todos los ecosistemas del planeta Tierra. Cifras recientes indican que la producción anual de este material ha pasado de 2 millones de toneladas a 380 billones en los últimos 70 años, de los cuales, se estima que solo una mínima proporción se recicla (9 %), pues el 79 % se encuentra en rellenos sanitarios y un 12 % es incinerado, generando graves daños al medio ambiente, principalmente en los océanos, en donde se estima una afectación equivalente (Rivas, 2019).

     La comunidad internacional no ha sido ajena a la preocupación por esta problemática. En 2015, la Asamblea General de la Organización Nacional de las Unidas (ONU) suscribió un acuerdo mediante el cual los países miembros se comprometieron a adoptar un enfoque multidimensional para combatir la pobreza y proteger el medio ambiente, a través de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) (PNUD México, 2019).

     En línea con ese compromiso, más de 60 países han llevado a cabo diversas estrategias para incentivar la reducción del uso de bolsas de plástico, entre las que destacan: i) gravámenes a los consumidores, ii) acuerdos voluntarios con minoristas, iii) prohibiciones totales y iv) una combinación de prohibiciones y gravámenes, siendo el factor común entre ellas la concentración en la reducción del consumo de bolsas de poliestireno, dado que constituye la forma de contaminación por plástico más evidente (ONU Medio Ambiente, 2018).

     Estas iniciativas, aunque valorables, aún resultan insuficientes para atender el problema de fondo. Una hipótesis al respecto es que esto obedece, principalmente, a que la visión multidimensional que promueven los ODS para la atención de la pobreza y el cuidado del medio ambiente no ha sido adoptada por los órganos legislativos. En las medidas restrictivas que se han implementado para regular la circulación de productos de plástico, prevalece un interés particular por atender el problema desde el ámbito de la producción y/o consumo, cuando, en realidad, se requiere el involucramiento de aspectos y actores del ámbito de la salud, la educación, la infraestructura, la innovación, etc.; además de generar canales de comunicación entre estos, para hacer de este tipo de iniciativas procesos sostenibles a largo plazo.

     El presente trabajo se ha propuesto como objetivo reflexionar si la regulación en torno a la prohibición de plásticos en Michoacán asume el enfoque de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

 

LA REGULACIÓN DE PLÁSTICOS EN MÉXICO Y EN MICHOACÁN

 

En México, la Constitución Política consagra el derecho universal a un medio ambiente sano (Artículo IV, Párrafo 5); sin embargo, no existe, hasta el momento, un cuerpo de leyes que integre los tres ámbitos de competencia (federal, estatal y municipal) en materia de regulación del uso de plástico, aun cuando han sido presentadas diversas iniciativas tanto en el Congreso de la Unión, como en los congresos locales.

     A pesar de ello, en 24 estados de la República Mexicana se han impulsado acciones legislativas, ya sea desde el ámbito estatal, o bien, desde el municipal. En Michoacán, destacan dos municipios que han creado un marco regulatorio en materia de productos de plástico: Pátzcuaro y Morelia.

     Pátzcuaro, a través del Reglamento para el Manejo y Gestión Integral de Residuos Sólidos, se convirtió en el primer municipio en prohibir el uso de bolsas de plástico, popotes, vasos, cubiertos, recipientes y empaques de plástico, propaganda hecha con plástico y globos de látex. Dicho Reglamento propone la sustitución de estos por productos reusables, reciclables o biodegradables. Estas medidas están dirigidas a todos los establecimientos comerciales y se extienden a eventos, espectáculos, fiestas públicas y privadas, ferias y tianguis, que son eventos regulados por el Ayuntamiento Municipal.

     El reglamento también incluye medidas de concientización a la población, establece sanciones para quienes lo desacaten y establece como obligación la separación de los residuos desde los hogares. Finalmente, compromete al gobierno municipal a promover centros de acopio de materiales reciclables en el municipio (H. Ayuntamiento Constitucional de Pátzcuaro, Michoacán, 2019).

     En Morelia, el cabildo hizo modificaciones al Reglamento de Establecimientos Mercantiles, Industriales y Servicios del Ayuntamiento, así como al Reglamento Ambiental y de Sustentabilidad, mediante las cuales prohíbe el uso de bolsas de plástico para el acarreo de productos en todo establecimiento mercantil, comercial o de servicios, a excepción de los de naturaleza industrial.

     Así mismo, prohíbe el uso de popotes, envases y utensilios de plástico o unicel en establecimientos que brinden servicios de alimentos y bebidas, y permite únicamente aquellos productos que sean 100 % biodegradables.

     Entre otras disposiciones de dichas reformas, se encuentran: el establecimiento de sanciones económicas con la finalidad de garantizar el cumplimiento de estos reglamentos y, por último, instruye la implementación de una campaña permanente de concientización sobre los alcances y las implicaciones del uso de estas nuevas disposiciones (H. Ayuntamiento Constitucional de Morelia, Michoacán, 2019). Sin embargo, a nivel estatal, solo se cuenta con dos iniciativas que pretenden restringir el uso de productos plásticos, las cuales están siendo analizadas en el Congreso local.

     Sin duda, estos esfuerzos que se están realizando en beneficio del medio ambiente en distintos ámbitos de gobierno del estado de Michoacán son significativos, pero, a la vez, incipientes e insuficientes, considerando que solo dos de los 113 municipios de la entidad cuentan con este tipo de reglamentación actualmente.

     Lo que pone en evidencia, como se dijo antes, la urgente necesidad de que los distintos actores se comprometan a trabajar de forma decidida para enfrentar los grandes retos que implica contribuir al desarrollo sostenible.

 

EL RETO DE LEGISLAR CON UN ENFOQUE DE AGENDA 2030

                              

Legislar con un enfoque de Agenda 2030, para México, significa que las Cámaras de Diputados y Senadores, tanto a nivel federal como local, asuman su responsabilidad en el compromiso que el Estado mexicano adquirió para alcanzar los 17 ODS y sus metas.

     La revisión del marco legislativo mexicano en torno a la regulación del plástico evidencia la necesidad de contar, en primer orden, con una legislación desde el ámbito federal que instruya a estados y municipios, en su totalidad, a asumir su responsabilidad constitucional y garantizar la existencia de una legislación local en la materia; y, en segundo lugar, la aprobación de leyes generales y reglamentos municipales que permitan la integración de un marco jurídico sólido al respecto.

     En particular, para que en Michoacán pueda consolidarse un cuerpo de leyes que atienda de fondo el problema de la contaminación por plásticos, se requiere que el Congreso local tome en cuenta diversas consideraciones: i) privilegiar el equilibrio entre lo económico, lo social y lo ambiental; ii) incentivar el involucramiento y conciliación entre los diferentes grupos de interés involucrados; iii) establecer objetivos en línea con las prioridades transversales planteadas en el Plan de Desarrollo Integral del Estado de Michoacán vigente, las cuales están alineadas a los ODS, y iv) no concentrarse en los beneficios de los productos reciclables y/o biodegradables como principal (o única) estrategia para la regulación de la producción y consumo de plásticos, ya que puede haber una interpretación equivocada de los beneficios de estos, pues “la mayoría de los plásticos biodegradables solo se degradan a altas temperaturas. Estas condiciones se cumplen en las plantas de incineración, pero raramente en el entorno natural. Incluso los bioplásticos [...] no se degradan automáticamente en el medio ambiente [...] (ONU Medio Ambiente, 2018, pág. 8).

 

CONCLUSIONES

 

A pesar de que en México se han llevado a cabo esfuerzos importantes por integrar el enfoque del desarrollo sostenible en diferentes ámbitos de política pública y niveles de gobierno, los retos aún persisten y son diversos.

     Una de las limitaciones más apremiantes que es necesario superar se refiere a la ausencia de un soporte institucional y jurídico para la integración del enfoque de los ODS de manera transversal en la estrategia de desarrollo nacional y estatal.

     En este sentido, una tarea que es fundamental y aún tiene pendiente el poder legislativo mexicano consiste en lograr una coordinación al interior de los congresos federal y local, así como entre estos para la construcción de un cuerpo de leyes, normas y reglamentos que den soporte a una estrategia efectiva de protección al medio ambiente natural, en particular, en lo que se refiere a la contaminación por plásticos.

     Una propuesta legislativa que considere la transversalidad e interrelación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible incluiría, por ejemplo, acciones relacionadas con:

- Crear empleo sostenible a través de la construcción de programas orientados al desarrollo de la industria del reciclaje desde la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO), acompañados por planes de financiamiento e incentivos fiscales que permitan consolidar dicha industria en la entidad.

- Promover, en coordinación con la Secretaría de Educación en el Estado, la generación de conciencia y cultura ambiental mediante la incorporación de contenidos sobre el cuidado del medio ambiente en asignaturas correspondientes a todos los niveles educativos. Trabajar de manera coordinada con las universidades, particularmente en educación de tipo superior, para crear espacios de investigación especializados en dicha materia, vinculando al servicio social universitario.

- Diseñar un programa específico sobre los riesgos e implicaciones en la salud que se derivan del mal tratamiento de desechos tóxicos, como la incineración del plástico, a través de la Secretaría de Salud en el Estado. Así mismo, se debe incluir la prohibición de la quema de desechos plásticos y una sanción colectiva en las zonas donde se detecten dichas prácticas.

- Crear un área especializada que se encargue de vigilar que las principales fuentes de abastecimiento de agua para el consumo humano, así como las playas y los bosques, no sean contaminados, y sancionar con servicio comunitario a quien sea sorprendido tirando desechos plásticos en dichos cuerpos de agua, en el marco de las actividades de la Mesa de Seguridad Ambiental y la Policía Ambiental Michoacán.

- A través del Gobierno del Estado, los 113 ayuntamientos deben gestionar la construcción de rellenos sanitarios en su municipio, así como la capacitación para el manejo adecuado de los mismos. Dicha infraestructura debe complementarse con una planta de tratamiento por región económica, más la ubicación estratégica de centros de acopio en las cabeceras municipales.

- Las medidas prohibitivas que impongan sanciones económicas deben contemplar el entorno económico tanto de propietarios de establecimientos (al comercio) y consumidores para determinar a quiénes y en qué medida deben establecerse.

- La definición de las regulaciones en materia de plásticos debe considerar aspectos referidos a las características geográficas del territorio contaminante, su dinámica económica y la participación proporcional de cada municipio al volumen estatal de producción de residuos plásticos.

- La legislación debe orientarse al cambio de patrones de consumo que lleve a la sociedad a transitar de un modelo de producción lineal (que se caracteriza por la adquisición-uso-desecho) hacia un modelo circular (que consiste en reciclar, reducir, reutilizar).

- Incentivar la participación mediante convocatorias y concursos dirigidos a empresas e investigadores con el fin de promover el desarrollo de investigación científica y aplicación de tecnologías para reducir la contaminación por plásticos, en coordinación con el Instituto de Ciencias, Tecnología e Innovación, además de otorgar estímulos fiscales para quienes logren aplicar el desarrollo de sus propuestas.

- Institucionalizar mecanismos para la implementación, evaluación y seguimiento de los ODS, garantizando la transparencia y rendición de cuentas mediante la intensificación de los trabajos del Consejo Consultivo de Planeación presente en el estado, así como establecer sanciones para este órgano en caso de incumplir con sus responsabilidades.

- Tanto el estado como los municipios, en su totalidad, deben asumir su responsabilidad constitucional y garantizar la existencia de una legislación local en la materia, además de ampliar la agenda ambiental mediante convenios de colaboración y mesas de trabajo que ayuden a los municipios a diagnosticar la situación actual y hacer propuestas de mejora.

     Finalmente, es importante enfatizar que el poder legislativo es un actor protagónico y un pilar fundamental para avanzar en la construcción de una sociedad más justa e inclusiva, pues es el espacio desde el cual se erige el cuerpo de leyes, normas y reglamentos que rigen el comportamiento y las acciones que realizan los diferentes actores involucrados en el proceso de desarrollo. Además, su posibilidad de influir en los distintos ámbitos de gobierno (federal, estatal y municipal) le coloca en una posición privilegiada.

     En este sentido, es fundamental que adopte la visión multidimensional de los ODS y se asuma corresponsabilidad en su cumplimiento, contribuyendo desde el ejercicio de sus funciones.

 

REFERENCIAS

 

Buteler M (2019). ¿Qué es la contaminación por plástico y por qué nos afecta a todos? Desde la Patagonia. Difundiendo Saberes, 16(28):56-60. Obtenido de: https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/109678.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (2020). Cámara de Diputados, LXIV Legislatura. México. Obtenido de: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_080520.pdf.

H. Ayuntamiento Constitucional de Morelia, Michoacán. (2019). Reformas al Reglamento de Establecimientos Mercantiles, Industriales y de Servicios; y al Reglamento Ambiental y de Sustentabilidad. Morelia, Michoacán, México: Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán.

H. Ayuntamiento Constitucional de Pátzcuaro, Michoacán. (2019). Reglamento para el Manejo y Gestión Integral de los Residuos Sólidos del Municipio de Pátzcuaro, Michoacán. Morelia, Michoacán, México: Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo.

ONU Medio Ambiente. (2018). El estado de los plásticos. Perspec-tiva del día mundial del medio ambiente 2018. India: Organización de las Naciones Unidas. Obtenido de: https://www.unenvironment.org/es/resources/informe/el-estado-de-los-plasticos-perspectiva-del-dia-mundial-del-medio-ambiente-2018.

PNUD México. (2019). Legislar con enfoque de Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. México: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Obtenido de: https://www.undp.org/content/dam/mexico/docs/Publicaciones/PublicacionesGobernabilidadDemocratica/LegislandoAgenda2030-PNUD.pdf.

Rivas M (2019). Fundación Heinrich Böll México. Obtenido de La crisis de la contaminación plástica: https://mx.boell.org/es/2019/07/16/la-crisis-de-la-contaminacion-plastica.

 

Anna Claudia López Salas
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
 
Rosa Vega Cano
Facultad de Economía “Vasco de Quiroga”
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

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