Las Áreas Naturales Protegidas (ANP) tienen como objetivo principal conservar la diversidad biológica y cultural del país. Estas proveen servicios ecosistémicos esenciales, como la regulación del clima, la provisión de alimentos y la recreación, entre otros. En este sentido, las ANP figuran como piedras angulares en las estrategias nacionales e internacionales de conservación (Dudley, 2008). No obstante, desde su adopción en 1992, el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) reconoce que la conservación de la diversidad no puede limitarse al establecimiento normativo de las ANP, sino que requiere indispensablemente del suministro de recursos financieros suficientes para su gestión (Organización de las Naciones Unidas, 1992).

Incluso, el CDB reafirmó recientemente, con la adopción del Marco Mundial de la Diversidad Biológica de Kunming-Montreal, que el financiamiento adecuado es indispensable para la gestión efectiva de las ANP, y fijó compromisos concretos de movilización de recursos hacia el año 2030 (Organización de las Naciones Unidas, 2022).

De acuerdo con estimaciones comparativas señaladas por Bovarnick et al. (2010), para América Latina y el Caribe los gobiernos destinaron alrededor del 0.006 % del PIB a la gestión de ANP, cifra que se encuentra por debajo de lo necesario para cubrir las necesidades estimadas de una gestión efectiva.

En este contexto, México cuenta actualmente con 232 ANP bajo legislación y gestión federal. Aunque el sistema de ANP cubre 98 000 719 ha (CONANP, 2025), el presupuesto público destinado a su gestión ha sido variable, ya que fluctúa considerablemente de acuerdo con las prioridades sectoriales de cada periodo gubernamental.

En otras palabras, a lo largo de los últimos 24 años, el presupuesto federal asignado a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) –institución descentralizada creada en el año 2000 para la gestión de las ANP mexicanas– ha enfrentado altibajos significativos. Estos no solo comprometen las acciones de conservación ambiental, sino que también influyen en el cumplimiento de los compromisos asumidos en las agendas internacionales.

Si bien existe la urgencia y el llamado a proteger el medio ambiente en un contexto de crisis climática, las fluctuaciones en el presupuesto ambiental reflejan una realidad que contradice el discurso de los tratados internacionales y de los Planes Nacionales de Desarrollo (PND), que destacan la importancia de un desarrollo sustentable y de la conserva-

ción ambiental.

Bajo este contexto, surgen las siguientes interrogantes: ¿Cuánto invierte el gobierno de México para proteger las ANP? ¿Cuántas ANP se han creado por sexenio? ¿Cuál ha sido la superficie decretada para su protección por sexenio? ¿Hay coherencia entre el discurso político oficial y el presupuesto asignado? Cabe resaltar que, aunque las ANP pueden recibir financiamiento externo a través de organizaciones no gubernamentales u otros programas públicos ajenos a la CONANP, el artículo pretende responder estas preguntas centrándose únicamente en la evolución de las asignaciones presupuestarias explícitamente destinadas a la gestión de las ANP de México desde el año 2000 hasta 2024.

 

EL “PRESUPUESTO VERDE”: AVANCES Y RECORTES

 

A lo largo de los sexenios, el presupuesto destinado a las ANP ha oscilado significativamente. Durante el sexenio de Peña Nieto, la CONANP recibió el mayor financiamiento de las últimas dos décadas, con alrededor de 8,042 millones de pesos mexicanos (MXN) en total (en términos reales). En contraste, en el sexenio de López Obrador el presupuesto se redujo a 6,471 millones en términos reales; es decir, se retrocedió al nivel de dos sexenios atrás, ya que su monto es similar al ejercido en el sexenio de Calderón, como se observa en la Tabla 1.

No obstante, la problemática no solo se refleja en el recorte presupuestal en términos absolutos, sino también en términos relativos; es decir, en los recursos destinados a operar cada hectárea de ANP, considerando que cada año se decretan más áreas (Tabla 2). Esto hace suponer que el compromiso de una gestión con recursos adecuados se cumple solo parcialmente.

 

DECRETOS PRESIDENCIALES DE ANP

 

Cada sexenio tiene diversos intereses sectoriales y una postura diferente respecto a la conservación del medio ambiente.

     Además, en algunos casos, los gobiernos en turno asumen acuerdos globales, como el CDB. Cabe señalar que en los últimos sexenios se ha priorizado la creación de extensas ANP marinas para cumplir la meta 30 × 30 y maximizar la superficie protegida hacia 2030.

De los últimos cuatro sexenios, en el de López Obrador se decretaron 48 ANP, la cifra más alta registrada en un periodo presidencial de México. Incluso superó al sexenio de Lázaro Cárdenas (1934-1940), reconocido por defender los recursos naturales y bajo cuyo mandato se había decretado, hasta entonces, el mayor número de ANP (40). Cabe precisar que esta comparación es exclusivamente cuantitativa y no implica una equivalencia en cuanto al contexto político o presupuestal de ambos periodos (Melo Gallegos, 2002).

Sin embargo, al considerar la superficie protegida el contraste adquiere otra dimensión, debido a que, en el sexenio de López Obrador, con esas 48 ANP, apenas se logró la protección de 7.18 millones de hectáreas. En cambio, en el sexenio de Peña Nieto se decretaron siete ANP, pero con ellas se protegió una superficie total de 65.77 millones de hectáreas (Tabla 2). Este contraste evidencia que el número de decretos no necesariamente se traduce en una mayor extensión territorial protegida. Esto lleva a reflexionar que decretar ANP es importante, pero hacerlo sin asignar recursos financieros suficientes resulta contradictorio, pues se convierte en un territorio con reconocimiento legal, pero sin capacidad real de manejo.

 

DEL DISCURSO AMBIENTAL A LA PRÁCTICA PRESUPUESTAL

 

Durante los últimos años, los gobiernos federales han adoptado un discurso ambiental que enfatiza la preocupación por la degradación del medio ambiente y la necesidad de adherirse al paradigma del desarrollo sustentable. Esta orientación se expresa tanto en los Planes Nacionales de Desarrollo como en la firma y ratificación de diversos acuerdos internacionales en la materia, como la mencionada meta 30 × 30 del Marco Mundial de la Diversidad Biológica de Kunming-Montreal. Sin embargo, el análisis del presupuesto asignado a las ANP en relación con la superficie protegida evidencia la falta de coherencia entre los compromisos institucionales y la implementación presupuestal (Tabla 3). Cabe señalar que, si bien la gestión de ANP terrestres y marinas implica diferencias sustantivas en términos operativos, logísticos y de costos de conservación, no se cuenta con la información financiera desagregada por tipo de área; por lo tanto, los valores presentados se utilizan como un indicador comparativo de carácter general.

Como se mencionó, el sexenio con más ANP fue el de López Obrador; sin embargo, fue en ese mismo periodo cuando se realizó el recorte presupuestal más significativo para la CONANP. Es decir, el número de ANP aumentó notablemente, pero el presupuesto para su gestión se redujo. Si bien se persigue alcanzar las metas de cobertura de los acuerdos internacionales respecto a la superficie protegida, en la práctica el gobierno federal ha reducido el presupuesto destinado a las ANP. Esta disminución compromete el sustento financiero necesario para su funcionamiento y gestión eficaz a largo plazo.

Por otro lado, se observa que en el sexenio de Peña Nieto se otorgó más presupuesto que en otras administraciones y, paralelamente, se incrementó la superficie protegida. Si bien la relación presupuesto-superficie decretada es un indicador del compromiso con la conservación, el dato más significativo es el recurso disponible para la gestión de “cada hectárea” de las ANP, ya que considera la superficie total decretada acumulada hasta el momento. En orden progresivo, para el presidente López Obrador la conservación de la naturaleza costó 66.03 MXN/ha en promedio; para el presidente Fox, 82.52 MXN/ha; para el presidente Peña Nieto, 88.55 MXN/ha; y para el presidente Calderón, 259.31 MXN/ha (precios deducida la inflación).

Este breve análisis pone de manifiesto una brecha entre los compromisos ambientales expresados en el ámbito político y su traducción en decisiones presupuestarias. Asimismo, expone que los recursos financieros destinados a la gestión y conservación de las ANP federales posiblemente no han sido suficientes, puesto que han sido reducidos en relación con la magnitud de la superficie protegida, lo que indica con esta evolución que la conservación de las ANP no ha ocupado una posición prioritaria dentro del gasto público ambiental. Por lo tanto, se espera que el gobierno actual preste más atención –y asigne más recursos– a las ANP que existen a lo largo y ancho del país.

 

REFERENCIAS

 

Bovarnick A, Fernandez-Baca J, Galindo y Negret H. (2010). Financial Sustainability of Protected Areas in Latin America and the Caribbean: Investment Policy Guidance. United Nations Development Programme and The Nature Conservancy.

CONANP (2025). Numeralia ANP. Recuperado de: https://simec.conanp.

gob.mx/numeralia.php.

Dudley N (2008). Directrices para la aplicación de las categorías de gestión de áreas protegidas. Recuperado de: https://portals.iucn.org/library/efiles/documents/paps-016-es.pdf.

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (2024). Informe de la Plataforma Nacional de Transparencia. Folio de solicitud: 330008324000443.

Melo Gallegos C (2002). Áreas Naturales Protegidas de México en el siglo XX. México: Instituto de Geografía, UNAM.

Organización de las Naciones Unidas (1992). Convenio sobre la Diversidad Biológica. Recuperado de: https://www.cbd.int/doc/legal/cbd-es.pdf.

Organización de las Naciones Unidas (2022). Convenio sobre la Diversidad Biológica. Recuperado de: https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-15/cop-15-dec-04-es.pdf.

 

Julisa Guadalupe Cabrera Borraz

Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo

julicabo_18@hotmail.com

 

Ludger Brenner

Universidad Autónoma Metropolitana