¿De qué sirve cultivar nuestro talento? 
La oportunidad nos fue negada. 
Aun sin iniciar... ¡Estamos acabados!
(Expresión juvenil de indignación)

en la práctica, la oferta de calificaciones depende en particular del estado del sistema educativo; cuántas personas pudieron tener acceso a tal o cual carrera, qué calidad tiene esa formación educativa y en qué medida esta fue completada con experiencias profesionales adecuadas.

I. COBERTURA DE LOS ESTUDIOS SUPERIORES EN MÉXICO 

La Tasa Bruta de Cobertura Educativa de Estudios Superiores (TBCES) expresa la relación entre la matrícula total y el grupo de edad de 19 a 23 años. Este indicador tradicionalmente suele ser empleado como punto de partida en los estudios cohorte propios del nivel educativo (Taborga, 1993). Con base en los registros oficiales, entre 1997 y 2012 en México se advierte una duplicación de la TBCES, la cual pasó de 17.1 a 32.8%. En torno a la política de expansión de los estudios superiores, existe el compromiso del actual gobierno federal por lograr, en 2018, una TBCES del 40%, cifra un tanto menor a la estimada por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES). Véase Gráfica 1.

Gráfica 1. México: Tasa Bruta de Cobertura de Educación Superior. Histórica y tendencial 2005-2021. Fuente: Mendoza (2012).

Gráfica 2. México: Matrícula de licenciatura escolarizada por régimen, 2005-2021. Histórica y tendencial (Miles de alumnos). Fuente: Mendoza (2012).

    El crecimiento de la cobertura educativa en el país presenta grandes disparidades regionales. En entidades como Chiapas, Quintana Roo, Oaxaca, Guanajuato y Guerrero la TBCES resulta menor al 20%, a diferencia de Nuevo León, Sinaloa y Sonora que registran más del 40% y el Distrito Federal mayor al 70% (Mendoza, 2012).
    Con el propósito de establecer un criterio orientador en torno a la cobertura educativa Trow (1974) considera una TBCES de 0-15% como de élite, de 15-30% de minorías, de 30-50% de masas, entre 50-85% universal y más de 85% absoluta. Cabe señalar que no únicamente los países desarrollados presentan coberturas universales y absolutas, también ocurre en países en vías de desarrollo como Argentina, Chile y Uruguay (Rama, 2009).
    De cumplirse el compromiso establecido por el gobierno federal, en unos cuantos años México transitará de una cobertura de masas a una universal. En el esfuerzo por ampliar la TBCES no únicamente el sector público desempeñará un papel relevante, también contribuirá al objetivo un número importante de instituciones particulares. Por tanto, la oferta educativa en su conjunto enfrentará el reto de garantizar una calidad suficiente y homogénea, lo cual resultará imposible de garantizar en la medida que buena parte de las instituciones, como hasta hoy acontece, permanezcan alejadas de los criterios de evaluación externa y los perfiles de sus egresados no correspondan con las demandas del mercado laboral.
    De forma reiterada, los argumentos que hasta hoy validan el propósito de ampliar la TBCES se apoyan en visiones humanistas y perspectivas democráticas que consideran a la educación escolarizada tanto un bien social como un derecho humano universal irrenunciable.2 Estas tradiciones respaldan también las medidas adoptadas oficialmente en México a partir de octubre del 2011.
    Más allá de los beneficios que una educación de calidad puede aportar a la vida de los individuos como al desarrollo de la nación, en las condiciones económicas actuales resulta ineludible cuestionar si la cobertura absoluta del bachillerato obligatorio deba incidir en igual magnitud a nivel de los estudios superiores. En efecto, la imagen de una sociedad conformada totalmente por profesionales plantea una utopía contraria a las premisas implícitas en La República de Platón, y las pedagogías sistémicas y socio-laborales de N. Petujov y H. Dedering, que consideran a los ciudadanos como sujetos depositarios de vocaciones y cualidades laborales, diferenciales susceptibles de ser aprovechadas convenientemente por la división social del trabajo (Coronel, 2011).
    Aunque la presencia de los exámenes nacionales3 en México ha venido regulando el ingreso de los jóvenes a los estudios profesionales a cargo del sector público, los jóvenes rechazados, quienes actualmente representan la mayoría de los solicitantes, reclaman –individual y masivamente– su derecho a profesionalizarse, presuponiendo que gracias a ello lograrán ascender en la pirámide social, sin imaginar que, ante la nueva realidad laboral del país, muy probablemente al egresar verán frustradas tales expectativas (Raphael, 2014). 
    Los distintos niveles de gobierno y organismos afines han asumido como premisa –por lo menos desde hace diez años– que la política educativa deba ampliar la cobertura del nivel superior por tratarse de un indicador representativo del desarrollo nacional vinculado con la formación del capital humano requerido por los sectores productivos, el avance de la equidad de género y la empleabilidad a lo largo de su vida (OEA, 2011). Sin embargo, la cobertura educativa –por sí misma– no garantiza un nivel estándar de conocimientos y aptitudes laborales. Al respecto, algunos estudios recientes muestran que el 70% de los candidatos a emplearse no cuenta con los conocimientos necesarios que les requiere el puesto de trabajo (CIDAC, 2014).

Gráfica 4. Tasa de desempleo juvenil y total en la OCDE, 2002-2015. Fuente: OCDE (2015).

    Por otro lado, y en contra de la fuerte hipótesis que sustenta la teoría moderna del crecimiento económico endógeno,4 en México mientras la cobertura educativa crece incesantemente, la productividad total de los factores5 decrece tendencialmente desde 1982, motivo por el cual no parece existir una relación directa y menos aún positiva que fortalezca la hipótesis del capital humano.
    En cuanto a la composición nacional de profesionales, desde el año 2000 la proporción entre matrícula universitaria y tecnológica en México mantiene una relación de dos a uno, mientras que los países avanzados muestran una relación inversa y más acorde con sus estructuras productivas (UNESCO, 2012).
    Desde la cotidianeidad, las familias mexicanas continúan apoyando las iniciativas educativas, prefiriendo sobre el conjunto de opciones disciplinarias la formación universitaria de sus hijos por considerarla, desde su imaginario, la mejor alternativa de ingresos, ascensos, prestigio social (SITEAL, 2009) y con menores posibilidades de desempleo (Acevedo et al, 2008). Por este motivo, el 76% de los jóvenes, de entre 12 y 29 años en México, aspira a llegar a los estudios de licenciatura (SEDESOL, 2010). Ser profesionista, para la mayoría, confiere una identidad de realización personal (“ser alguien en la vida”); contrario a ello, las condiciones actuales del mercado laboral dificultan a los jóvenes su ingreso al ejercicio profesional de forma exitosa,6 bien sea por los escasos puestos de trabajo disponibles o bien por los bajos salarios que se ofrecen a quienes carecen de las competencias específicas requeridas. Esta difícil realidad propicia, no sólo después de concluir los estudios respectivos, sino incluso antes de iniciarlos, que los jóvenes de menores recursos económicos se cuestionen el costo de oportunidad implicado en una carrera profesional, motivo por el cual muchos estudiantes comienzan a trabajar a edades tempranas llegando a postergar de manera temporal o definitiva sus estudios. Además, quienes no están dispuestos a vivir con carencias económicas en el corto plazo serán propensos a vincularse a actividades delictivas que sean generadoras de ingresos rápidos y altos (Monroy, 2013).
    Así como las instituciones de educación superior, por sus fines sociales, no pueden ceñirse exclusivamente al propósito de incrementar la empleabilidad de sus egresados, tampoco pueden ignorar el hecho que cada programa de profesionalización inscribe a cada estudiante en un campo específico de trabajo, el cual se encuentra inmerso en una dinámica económica que le confiere sentido. Por este motivo, la educación formal no puede omitir los procesos y circunstancias que determinan las actividades laborales propias de cada época y contexto (Segura, 2010). En torno a ello, varios organismos internacionales (UNESCO, 1999b y OCDE, 2001) han venido recomendando a las naciones alentar una educación a lo largo de la vida bajo una perspectiva social que permita hacer de la ciencia y de la educación motores fundamentales del progreso económico. La propuesta, sin duda, exige considerar como fundamento de toda política pública educativa los criterios de pertinencia y correspondencia entre las demandas de la estructura económica y los procesos profesionalizantes acordes a cada región y país.
    Con base en lo hasta aquí expuesto, podemos afirmar que el gobierno mexicano ha venido impulsando, con apoyo de las instituciones de educación superior, el incremento de la matrícula universitaria sin haber considerado objetivamente las necesidades del mercado laboral y los condicionamientos del paradigma tecnológico que ha desplegado el mercado global. Ello tiene repercusión en mayores tasas de desempleo profesional que terminan afectando las expectativas de aquellos jóvenes que ingresan a la educación superior.
    Es así que el sistema de educación superior en México se ha orientado a generar una creciente oferta de trabajo “calificada” no requerida (demandada) por el sistema económico, y que por resultar abundante será aprovechada parcialmente por las empresas a menor costo, o bien en actividades que no necesariamente corresponden con el perfil de los estudios realizados. Tal situación de empleo finalmente resultará contraria a las expectativas de los jóvenes y sus familias. El escenario al que nos conduce el comportamiento inercial del sector educativo replica en primer lugar las condiciones de trabajo “no decente”7 y, en segundo, de subempleo como opción laboral. Aparecen, por tanto, soluciones de empleo precipitadas que abonan a situaciones subóptimas que provocarán menor productividad, mayor frustración social y diversos efectos perturbadores sobre la economía en su conjunto.  

II. EL DESEMPLEO DE LOS JÓVENES

La OIT (2013) señala que existen en el mundo más de 73 millones de jóvenes desempleados (12.6% del total), y se espera que en las próximas décadas la cifra continúe incrementándose. Por tanto, la creación de empleos para jóvenes se ha convertido no solo en un reto de las políticas públicas, sino también de las acciones de estabilidad social y gobernabilidad en todo el mundo. 
    Ante este escenario, al menos desde 2009, el G-20 ha recomendado a los países miembros aplicar políticas orientadas a incrementar las oportunidades de empleo de calidad para los jóvenes y, con ello, evitar la pérdida de confianza en la economía global.8 En la gráfica 4 se observa que, por lo menos desde hace más de una década, la tasa de desempleo de los jóvenes de 15 a 29 años de edad duplica la tasa global y no ha cambiado después de la crisis económica mundial del 2008-2009. 
    Durante 2012 la ONU llevó a cabo un estudio a jóvenes de diferentes países, observando como principales obstáculos para su empleabilidad: a) la falta de experiencia, que a su vez se relaciona con: b) insuficiente calificación y por ende con baja productividad y remuneración, la cual no responde con las expectativas tanto de empleadores como de trabajadores; y c) alta vulnerabilidad laboral que se manifiesta en alta facilidad de contratación y despido.9
    El reporte de la ONU dedicó un apartado a dar voz a los jóvenes desempleados de varios países desarrollados y de diferentes estratos sociales. Entre sus conclusiones se destaca que el principal problema en la búsqueda de empleos radica en que a mayor nivel de estudios, el ya mencionado desajuste (mismatch) entre educación y demandas del mercado laboral, se hace más evidente. En general, a los jóvenes con estudios profesionales les resulta más difícil encontrar empleo debido a que habitualmente encuentran puestos de trabajo con bajas remuneraciones que no corresponden a su nivel de calificación. 
    Otro estudio internacional de seguimiento de egresados (Proflex 2010), concluye que la situación de desempleo profesional ha venido incrementándose significativamente en algunas disciplinas, siendo en México las áreas disciplinares más afectadas: ciencias (27%), humanidades (15.4%) y ciencias sociales (15.1%). 
    Con base en lo anterior, podemos afirmar que en países en vías de desarrollo muchos jóvenes con alta educación en su incursión al mercado laboral enfrentan también el problema de “sobre calificación”, tal como acontece en el mundo desarrollado, pero acompañado de una dudosa calidad y pertinencia de los estudios realizados. Al respecto, el balance de resultados obtenidos a partir del EGEL (2015),10 revela que 46% de los profesionales tiene un nivel académico insatisfactorio. Ello anticipa –de cierta manera– que sus competencias no corresponderán con las demandas del mercado laboral. Con ello persiste un proceso de desajuste (mismatch) entre oferta y demanda de trabajo calificado que afecta a miles de jóvenes profesionistas. 
    A nivel continental, según estimaciones de la OIT (2013), América Latina ha logrado disminuir ligeramente su tasa de desempleo juvenil, pasando del 13.5% en 2008 a 12% en 2012. Sin embargo, de un aproximado de 108 millones de jóvenes latinoamericanos; existen aún en la región 21.8 millones de jóvenes sin trabajo ni escuela (NEET).11

Gráfica 5. México: Tasas de desempleo por grupos de edad, 2005.1-2015.1.12 Fuente: ENOE (2015).

    De acuerdo con cifras oficiales, en México, entre 2003.1 y 2008.4 el desempleo abierto total promedio fue de 3.7%. Como consecuencia de la gran recesión el indicador creció notablemente y desde 2009.1 promedia 5.4%, llegando a su nivel más alto en 2009.3 con 6.27%. 
    Al desagregar la tasa por grupos de edad y haciendo uso de la información de la ENOE (2015) se observa al desempleo juvenil (15-24 años) con altos niveles y también con mayor inestabilidad en relación al conjunto. Véase gráfica 5.
    El fenómeno del desempleo juvenil en México se agrava a nivel regional. De acuerdo con el INEGI (julio de 2014), las entidades con mayor tasa de desempleo juvenil abierto fueron: Tabasco (14.1%), Distrito Federal (12.52%), Tamaulipas (12.1%), Tlaxcala (11.14%), Sonora (10.88%), Guanajuato (10.76%), Chihuahua (10.70%), Estado de México (9.61%), Aguascalientes (9.56%) y Nuevo León (9.55%). En torno a ello cabe destacar que en el Distrito Federal, Sonora y Nuevo León son también entidades con altas tasas de cobertura educativa.
    De acuerdo con las cifras que aporta el Informe de Competencias Profesionales en Iberoamérica (Inide, 2015), el 70% de los egresados universitarios tiene dificultades para integrarse al mercado laboral. El estudio señala que 73% de los egresados tardan 1 mes aproximadamente en colocarse en un empleo, y 51% de ellos logran obtener una plaza de tiempo completo no siempre vinculada con los estudios realizados. El mismo estudio muestra que 19% de los profesionales permanecen desempleados a pesar de su búsqueda laboral.
    Ante una situación que ha venido agravándose, la OIT (2013) advierte el riesgo de que un alto porcentaje de jóvenes desempleados se retire voluntariamente del mercado laboral debido a la frustración que provoca la dificultad de conseguir un empleo acorde con su formación profesional y más aún cuando los solicitantes aspiran a un empleo “decente”.
    Si añadimos al panorama de los jóvenes profesionistas el fenómeno de la informalidad, se configura un escenario lastimoso y adverso que reitera el círculo vicioso de pobreza y escasez de oportunidades, que resulta imposible de resolver aplicando una política “esquizofrénica” circunscrita prioritaria o únicamente a promover la ampliación de las matrículas universitarias. Por tanto, de continuar únicamente con esta medida solo habrá de incrementarse la probabilidad, para quienes estudien una profesión sin opción de ingresos y empleos decentes, de terminar dedicándose a otras actividades asociadas al subempleo e, incluso, en algunos casos con la delincuencia (Ramírez, 2005). Considérese además que el mercado laboral en México tiende a mantener la coexistencia de los sectores formal e informal, resultando el segundo el mayor generador de trabajo para personas de bajos recursos (Rubio, 2006).13

III. ALGUNOS CONCEPTOS EXPLICATIVOS

Elizondo (2014) afirma que por lo menos en México los jóvenes con estudios profesionales se enfrentarán al mundo laboral con una educación sobrevaluada. Sin embargo, la orientación educativa no ha sido ajustada a las necesidades del mercado laboral, y la calidad educativa –a los ojos de los empleadores– resulta insuficiente. Actualmente, solo 30% de los egresados tiene las competencias y conocimientos necesarios requeridos por el mercado laboral (CIDAC, 2014).
    El desajuste que propicia una formación profesional apartada de los requerimientos que definen los mercados laborales origina también frustración en las familias. Al respecto, Arias et al (2010) señalan que el entorno familiar juega un papel relevante en la formación (desarrollo/carencia) de habilidades de los jóvenes. La escolaridad de los padres influye notablemente y configura tanto un estilo de vida como un modo de crianza (Ramírez, 2005). En el caso específico de México continúan apareciendo bajos rendimientos (tasas de retorno) de la educación, lo cual contribuye a una baja productividad de la fuerza de trabajo y reitera el desajuste entre sistema educativo y aparato productivo. 
    Mientras el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 destaca como argumento central que:

[...] la buena calidad de las instituciones es condición para la preparación de profesionistas y emprendedores con alto sentido de la responsabilidad y compromiso, capaces de hacer frente a la diversidad de requerimientos sociales y productivos del país [...]

    el escenario que deriva de las políticas educativas resulta distante. Una de las principales consecuencias de una educación no alineada con la realidad del mercado laboral es la depreciación de los salarios entre profesionistas. Actualmente el 38% de los jóvenes universitarios perciben remuneraciones menores a los 5,600 pesos mensuales (US $360).14
    En el mismo sentido resulta paradójico que los niveles más altos de desempleo de los jóvenes (15-29) correspondan al grupo con mayor escolaridad. Véase gráfica 6.

Gráfica 6. México: Porcentaje del desempleo juvenil por nivel de instrucción, 2005.1-2015.1. Fuente: Cálculos propios basados en ENOE (2015).

    En torno a la relación nivel de estudios y salarios, Arias et al (2010) apuntan que, aunque en México se ha aumentado la escolaridad y el gasto en educación,15 la productividad factorial ha caído dramáticamente.16 En respuesta, uno de los instrumentos fundamentales que el actual gobierno federal (2013-2018) ha trazado para elevar la productividad total factorial radica en incrementar la inversión en capital humano. El planteamiento requiere necesariamente “...profundizar la vinculación entre el sector educativo y el productivo, alentar la revisión permanente de la oferta educativa y de promover la formación técnica media superior y superior como una alternativa terminal para una rápida integración a las actividades productivas” (PND, 2013).
    Hasta ahora el incremento de la cobertura educativa y los años de escolaridad no han elevado la rentabilidad social (productividad factorial total), ni personal de la educación y sí, en cambio, han incrementado el salario de reserva.17 Esta situación explica por qué los jóvenes que tienen menor posición socio-económica son también quienes reportan las menores tasas de desempleo, debido a su mismatch de menor magnitud. Véase gráfica 7.

Gráfica 7. México: Tasa de desempleo juvenil por estrato social, 2005.1-2015.1. Fuente: Cálculos propios basados en ENOE (2015).

CONCLUSIONES Y COMENTARIOS FINALES

Al poner en tela de juicio la acción gubernamental de tipo inercial que postula la cobertura universal de la educación superior en México como una de las vías principales al desarrollo, advertimos que la política de expansión de la matrícula universitaria, sostenida por los gobiernos federal y estatales, sin llegar a resolver los asuntos de fondo de pertinencia y calidad de los estudios profesionales, únicamente incrementa el desempleo de los jóvenes dado el comportamiento del mercado laboral en la economía global. Esta visión, que consideramos esquizofrénica, sostiene una política educativa que, sin ofrecer resultados notables, ha llevado a desaprovechar los recursos públicos y relegar el talento y el potencial de trabajo de nuestra juventud. 
    Desde principios del milenio, aun antes de la recesión de 2001-2003 y de la gran recesión (2008 en adelante) en países de la OCDE, se había observado que la tasa de desempleo juvenil duplicaba la cifra total. Viollaz (op. cit.) ya refería que tal relación era del triple desde principios de los años ochenta para diez países latinoamericanos. Las cifras muestran que los grupos de 15 a 24 años y de 25 a 30 años de edad han tenido mayores problemas para insertarse apropiadamente en las actividades económicas. Ello sugiere que el sistema educativo, en particular el nivel superior, ha sido incapaz de crear las orientaciones y habilidades laborales pertinentes que contribuyan a cerrar el mismatch o desajuste entre educación superior y demanda laboral. 
    De mantenerse la actual política educativa que favorece el incremento de la cobertura universitaria, sin tomar en cuenta los requerimientos concretos de la economía nacional, inevitablemente se conducirá al país a una relación desacertada e ineficaz entre cuadros de profesionistas y cuadros técnicos, situación que habrá de complicar aún más el escenario actual de carreras saturadas, titulados desempleados y baja productividad. 
    El desempleo juvenil y profesional ya acumulado, aunado a que la cohorte 19-23 años habrá de incrementarse en algunas entidades de México,18 provocará que la situación nacional resulte por demás crítica en varias regiones y centros urbanos. Por si fuera poco, las nuevas generaciones que logren emplearse no contribuirán a incrementar la productividad debido a la falta de las habilidades y conocimientos requeridos por los sectores económicos más dinámicos. Todo ello, de mantenerse sin cambios, significará una generación de profesionales incapaces de impulsar la economía y resolver los rezagos del desarrollo nacional. El escenario tendencial terminaría ampliando la brecha entre bajos salarios de mercado y altos salarios de reserva, lo cual anticipa mayores tasas de desempleo juvenil. 
    Situados en un esquema por demás contradictorio, donde los perfiles profesionales que aportan las universidades no corresponden con los requerimientos del mercado laboral, la fuerza de trabajo que aportan los jóvenes no incrementará las cadenas de valor que requiere el país. En estas condiciones, la política educativa orientada a incrementar la matrícula del nivel superior, no solo no habrá de resolver los problemas del desarrollo social y económico del país sino que, por el contrario, contribuirá a profundizarlos. 
    En las actuales condiciones de creciente subempleo y sobreoferta de profesionales la educación superior, debemos admitirlo, ha dejado de ser para la mayoría de los jóvenes un medio de ascenso y movilidad social como lo fue en el siglo pasado. Por este motivo, el pago de colegiaturas, sobre todo para quienes hacen uso del subsistema particular, corre el riego de traducirse en un gasto infructuoso para las familias.19 
    Las instituciones de educación superior, aun cuando no son responsables de la generación de puestos de trabajo, obligan a quienes las dirigen y financian a no ignorar las condiciones que prevalecen en la economía nacional y menos aún en los mercados de trabajo. A esta falta de congruencia entre lo que se piensa y lo que acontece le hemos dado en llamar esquizofrenia, un mal que se origina en las instituciones y afecta a toda la sociedad, una condición anómala que nos ha situado bajo un falsa expectativa del desarrollo nacional y que debe llevarnos, en el mejor de los escenarios, a revisar tanto el modelo económico como la política educativa que prevalecen en el país. Por todo lo expuesto, se requiere emprender un proceso de recuperación y toma de conciencia ciudadana que evite el continuar habitando los castillos y parajes que, de manera ilusa en torno al incremento de la cobertura educativa, hemos construido en el aire.

AGRADECIMIENTOS

Agradecemos el apoyo del proyecto “México: crecimiento, ciclos y precarización laboral, 1980-2020”. PAPIT IN-302514, DGAPA, UNAM y la valiosa asistencia técnica de Iván Ramírez y de Emmanuel Salas. Asimismo, agradecemos los valiosos comentarios y críticas de los dictaminadores de la revista que contribuyeron a mejorar sustancialmente el trabajo. Sin embargo, los autores son los únicos responsables de lo que aquí se dice o se omite.

ANEXO METODOLÓGICO

Debido a que no existe una publicación de las series de desempleo juvenil, desempleo por grado educativo y por estrato social, se estimaron desde los microdatos de la ENOE, cuya publicación es trimestral, a partir del año 2005 hasta el primer trimestre de 2015.
    Los microdatos son bases de datos que condensan la información de los cuestionarios aplicados a los hogares. A partir de esa base es posible filtrar la información específica para nuestro estudio.
    De la muestra original, los resultados se restringen a la población económicamente activa cuya edad está entre 15 a 65 años.
    Sobre este resultado, se aplicaron las siguientes restricciones. La primera se realizó por edad para clasificar en 4 estratos: de 15 a 24 años, 25 a 29, 15 a 29 y finalmente de 30 a 65.
    El primer estrato corresponde a la población juvenil. De éste se extrae la población que presente desempleo abierto20 y se realiza el cociente entre los desempleados “abiertos” y la población económicamente activa (PEA), para obtener la tasa de desempleo. Con el segundo, tercer y cuarto estratos se hizo lo mismo que en la muestra juvenil.
    La segunda clasificación corresponde a la población entre 15 a 29 años, y de este nuevo universo se hizo una nueva sub clasificación que comprende 4 estratos educativos: hasta educación secundaria, bachillerato o equivalente, profesional y posgrado. Las 4 nuevas clasificaciones permiten calcular las tasas de desempleo correspondientes.
    Este procedimiento se debe realizar en cada una de las 41 encuestas que posee la ENOE. Es importante asociar a los desempleados filtrados con su universo correspondiente, de otra manera las tasas de desempleo calculadas carecen de sentido.

NOTAS

BIBLIOGRAFÍA

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³       ANUIES (1990-2012). Anuarios de información y estadística. Población escolar. México. 
⁴       ANUIES (2012). Inclusión con responsabilidad social. Secretaría General Ejecutiva. México.
⁵       Arias J, Azuara O, Bernal P, Heckman J y Villarreal C(2010). Policies to promote growth and economic efficiency in Mexico (No. w16554). National Bureau of Economic Research. 
⁶       Aupart M (2015). Crecimiento económico, informalidad y desempleo en México, 2000.2-2013.2. Un cambio estructural. Universidad Nacional Autónoma de México. Tesis de licenciatura. México.
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⁹       Consejo Nacional de Población, CONAPO (2014). Proyecciones de la población 2010-2050. http://www.conapo.gob.mx/ES/CONAPO/PROYECCIONES.
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¹⁴      ENOE (2015). Encuesta interactiva de datos. Varios años. http://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/proyectos/bd/consulta.asp?p=17606&c=10819&s=est&cl=4.
¹⁵      Heath A and Swann T (1999). Reservation wages and the duration of unemployment. http://www-ho.rba.gov.au/publications/rdp/1999/pdf/rdp1999-02.pdf.
¹⁶      INEGI (2012). Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). http://www.inegi.org.mx/sistemas/tabuladosbasicos/tabtema.aspx?s=est&c=28822.
¹⁷      INEGI (2013). Sistema de Cuentas Nacionales de México: Productividad Total de los Factores, 1990-2011. http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/derivada/
cuentas/bienes%20y%20servicios/produc_total/product_total_90_11/PTF_SCNM.pdf.
¹⁸      INEGI (2014). Indicadores oportunos de ocupación y empleo, cifras preliminares durante julio de 2014. Boletín de prensa. http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/comunicados/
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¹⁹      Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación, INIDE (2015). Informe de Competencias Profesionales en Preuniversitarios y Universitarios de Iberoamérica. http://www.universia.net/wp-content/uploads/EstudioCompetencias13.pdf.
²⁰      Márquez H. (2013). La hora del desastre: descomposición social e indignación en México. Observatorio del Desarrollo Vol. 2. México. 
²¹      Mendoza, J. (2012). Cobertura de educación superior en México. Seminario de Educación Superior. UNAM, México.
²²      Milenio (2014). ¿Cuánto cuestan las prepas y universidades privadas? Grupo Milenio. Cd. De México. 01/08/2014. México.
²³      Monroy, J. (2013). Jóvenes, el sector más expuesto al crimen. El Economista 25 de diciembre 2013. México.
²⁴      OEA (2011). Avance de la igualdad de género en el marco del trabajo decente. Canadian International Development Agency. Comisión Interamericana de Mujeres. Canadá.
²⁵      OCDE (2001). Aspectos económicos y financieros del aprendizaje a lo largo de la vida. Francia. www.OCDE.org/bookshop.
²⁶      OCDE (2011). Tendencias Mundiales de Empleo 2011. Ginebra.
²⁷      OCDE (2013). Economic Outlook. Preliminary Version. 
²⁸      OCDE (2013). Economic Outlook. Preliminary Version.
²⁹      OCDE (2013). Tendencias Mundiales del empleo juvenil 2013. Una generación en Peligro. Ginebra.
³⁰      OCDE (2015). http://stats.OCDE.org/index.aspx?queryid=36324#.
³¹      OIT (2011). Tendencias Mundiales de Empleo 2011. Ginebra.
³²      OIT (2012). Tendencias Mundiales de Empleo 2012. Ginebra. 
³³      OIT (2013). Tendencias Mundiales del empleo juvenil 2013. Una generación en Peligro. Ginebra.
³⁴      OIT (2015). Trabajo decente. http://www.ilo.org/global/topics/decent-work/lang--es/index.htm.
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³⁷      Piketty T (2014). El capital en el siglo XXI. Ed. Siglo XXI. México.
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