elementos
logo-BUAP
Elementos No. 99         Vol. 22 Julio-Septiembre, 2015, 23

Las comunicaciones en la Reforma

Leopoldo Noyola 
            Descargar versión PDF

En 1853, año de la primera comunicación telegráfica en México, el presidente Mariano Arista deja el poder tras un periodo completo de tres años en el cual no sufrió intentos de golpes de estado ni proclamaciones y concluyó su periodo presidencial, algo que no ocurría desde Guadalupe Victoria. Además de inaugurar la primera línea telegráfica, Arista otorgó la primera concesión para la construcción del ferrocarril en ruta México-Veracruz e intentó impulsar la minería, la agricultura y la incipiente industria mexicana, pero con el país en bancarrota poco más pudo hacer. La República estaba profundamente dividida. Desde ese momento, hasta la victoria de Benito Juárez sobre el imperio de Maximiliano en 1867, México verá pasar a cuatro presidentes y un emperador que tratan de gobernar un estado de cosas evidentemente ingobernable; en ese periodo también vemos el enésimo retorno del caudillo Santa Anna y su derrota final a raíz de la proclamación del Plan de Ayutla.
    Dividido entre dos bandos, el telégrafo sirve –es un decir– tanto a conservadores como a liberales que se proclaman gobernantes simultáneos del mismo país. Aquí, el primer instrumento de telecomunicaciones eléctricas es objeto de todo tipo de disposiciones encontradas y continuos sabotajes. Las divisiones de la sociedad mexicana, junto a la histórica desigualdad y la mala distribución de la riqueza, se dejan sentir a través de actos vandálicos y sabotajes contra toda clase de instalaciones estatales.
    Por paradojas de la modernidad, el telégrafo representaba un gran avance en el progreso humano, pero también vino a echar por tierra a una cantidad de negocios lícitos e ilícitos que estaban sustentados, precisamente, en una mala comunicación, pues los correos tardaban, cuando las diligencias en las que iban no eran asaltadas, varias semanas en llegar a su destino y todo funcionaba con histriónica lentitud; por poner un ejemplo, imaginemos la circulación de capitales familiares, el padre manda dinero a un miembro de la familia que está al otro lado del país. Si el portador del capital llega sano y salvo a su destino ¿será tiempo aún de intervenir en el negocio? El telégrafo, junto al ferrocarril, inaugurados en 1851, pero funcionales mucho tiempo después, llegan a romper con una tradición comercial y financiera basada en una lenta y pausada comunicación, lo que quiere decir que llegan a modificar costumbres y formas de pensar, mentalidades algo medievales que habrán de ponerse –literalmente– las pilas (electrostáticas, recientemente inventadas por Alessandro Volta) para poder funcionar.
    Debe pensarse en los perjuicios causados a una clase comercial hegemónica que sufre las consecuencias de una comunicación expedita que transforma sus esquemas de distribución, de cobranza y pago, modificando asimismo las costumbres de consumo de la población; y también se debe descubrir quiénes fueron los beneficiarios de esta nueva situación comunicadora: una clase moderna de comerciantes, una naciente burguesía comercial que rompía los mecanismos tradicionales reinantes en las relaciones económicas internas y externas del país; una generación de inversionistas, muchas veces llegada de los Estados Unidos, como fue el caso del introductor del telégrafo Morse, Juan de la Granja, residente en Nueva York por dos décadas, que aprendía a capitalizar sus riquezas con los esquemas copiados en las exitosas y florecientes sociedades burguesas del siglo XIX. Pero bueno, menos optimismo, recordemos que a mediados del siglo XIX México vivía una de sus peores crisis políticas, económicas y sociales desde su independencia, cuando de manera más clara estuvimos a punto de desaparecer como país, pues como república desaparecimos durante cuatro largos años.
    El telégrafo, pues, era uno de los chivos expiatorios, una empresa que tenía que mostrar su efectividad en medio del caos y que en consecuencia no tuvo un comienzo prometedor. En 1854 la red de telégrafos cuenta con 608 kilómetros de líneas instaladas, cinco oficinas públicas, once empleados e ingresos  superiores a los 10 mil pesos anuales; por su parte, los gastos de reparación de líneas destruidas, renta de locales y salarios casi llegan a los 20 mil.

En este año –dice don Pedro Maldonado Olea en su Resumen Histórico del Telégrafo en México– tuvo la empresa un deficiente de $30,000. Hasta entonces no había podido obtener utilidades en razón de que las convulsiones políticas entorpecían toda clase de negocios.1

    Como se ve, no era aún un buen negocio. De hecho, faltaba mucho para que lo fuera. Por primera vez, costosas y delicadas instalaciones eran desplegadas a lo largo de kilómetros sin posibilidad de vigilancia; alambre de cobre nuevecito, de alta calidad, que resultó excelente para la elaboración de ollitas y cazuelas, aretes y artesanías. ¡Y tanto! Kilómetros y kilómetros. Por otra parte, era urgente evitar que los liberales se comunicaran; o que lo hicieran los conservadores; o que se supiera del abuso, del despojo, del asesinato. Fue la primera red social que, como ahora, interfería en la privacidad. Las noticias sobre destrucciones de líneas son prácticamente las únicas que se publican sobre el telégrafo durante el primer lustro de los años cincuenta. Dice El Siglo Diecinueve en su edición del 22 de mayo de 1855:

[...] El Telégrafo. Desde el día nueve se interrumpió la comunicación con Guanajuato. Se restableció ayer a las ocho de la mañana y hubo que reponer los alambres unas 3 leguas. 

    El 12 de julio el mismo diario hace un enérgico llamado para que cesen los robos de alambre por el rumbo de Puebla. Oficialmente, el gobernador de dicho Departamento conmina a la opinión pública para que “cese en sus desmanes”. La Verdad, el 31 de agosto de 1855, dice al respecto:

Desde hace mucho tiempo oímos al público lamentarse de las frecuentes interrupciones de las comunicaciones telegráficas: informamos la causa, hemos llegado a saber que generalmente depende de que personas mal intencionadas cortan los hilos, perjudicando al comercio, a las empresas y al público en general.El dejar impunes estos delitos –abunda  La Verdad–, puede hacer además de los males que hoy causen, el gravísimo de que no se puedan establecer otras líneas, pues que mirándose los interesados en estas mejoras abandonados y sin protección de la autoridad, no expondrán sus intereses para contribuir al engrandecimiento del país, estableciendo nuevas líneas.

    William Stewart, heredero de Juan de la Granja, quien después será un destacado empresario de la línea ferrocarrilera a Veracruz, no escatimó esfuerzos por sacar alguna ventaja a esta fallida empresa telegráfica que de tan avanzada no permitía ya a los inversionistas dar marcha atrás. Por el momento andaba tramitando la instalación de una línea México-Toluca. También, algunas regiones del interior se distinguían por establecer telégrafos en sus localidades, tal es el caso de Saltillo, Coahuila, hacia septiembre de ese fatigoso año de 1855. Stewart puso una línea “por su cuenta” de la capital a la Villa de Tacubaya, con el objeto de “alentar el proyecto de la de México a Toluca”, según cuenta El Monitor Republicano del 16 de septiembre. La idea de Stewart no solo era comunicar la ciudad de Toluca, pensaba seguir el trayecto de Toluca a Morelia, de ahí a Zamora y de esta última a Guadalajara. El Monitor Republicano hace un llamado al público para que colabore en este “estimable” plan, dice:

La actividad que demuestra el Sr. Stewart es digna de que su proyecto, que es de tanta importancia para el país, tenga la acogida que merece, los que se interesan en el adelanto de la República deben tomar acciones para que pueda realizarse el pensamiento del Sr. Stewart. Las ventajas que el país recibirá son inmensas y esas mismas ventajas las han de reportar en lo particular los que tomen parte en la mencionada empresa. La oficina de la línea (a donde podían acudir a comprar acciones los interesados) se ha establecido en la Agencia Americana, esquina de la Monterilla y San Agustín, y en Tacubaya en la calle principal.2

    Tan entusiastas llamados no podían ser desoídos por la población y menos por el gobierno. Cuatro días después de esta nota, el señor Plutarco González, gobernador del Estado de México, ofrece su cooperación “en cuanto le sea posible al establecimiento de una línea telegráfica entre México y Toluca”.3 Y para el 10 de octubre, William Stewart, “con la actividad que le es genial”, en palabras de El Monitor Republicano, tiene ya la mayor parte de los árboles que le servirán de postes para la línea hacia Toluca, y ya encaminados hacia el éxito de lo que vislumbra como el reflorecimiento de la empresa, propone en esa misma edición “el establecimiento de una línea telegráfica de México a Cuernavaca, y ofrece comenzarla tan luego como haya algunos accionistas.”4 Al día siguiente se informa la disposición de que, “sin pérdida de momento”, se establezca esta línea para la que el señor Comonfort, “por parte del Gobierno”, auxilia a la empresa con ocho mil pesos.5
    El Monitor es el vocero del gobierno republicano, el canal por donde esta fracción que comparte el poder sobre los mexicanos externa sus preocupaciones y deseos. En su edición del 28 de octubre se queja de los destrozos que “algunos indígenas” ocasionan a las líneas telegráficas:

[...] sentimos que algunos indígenas se entretengan en cortar el alambre. Para evitar esos abusos que redundan en perjuicio de la empresa y del público, debe castigarse con rigor a todo el que cometa aquella clase de atentados.6

Pero 10 días después, el 7 de noviembre, dice al respecto que el señor Stewart ha puesto celadores en los postes debido a “que algunos perversos están a cada momento destruyendo alambres”, pero que parecen estar de acuerdo con los celadores,

[...] pues el mal no ha cesado. Llamamos por tanto la atención del supremo gobierno para que tome parte en evitar que se cometan tales maldades, pues de lo contrario se enfadarán las personas que tienen interés en esas empresas. Sabemos que el Sr. Stewart intenta suprimir la línea de que hablamos, si no logra contener el mal que se le está causando.7

    Sin embargo, Stewart, lejos de pensar en serio dichas amenazas, se esforzaba por poner en práctica otros proyectos en los que no estaba directamente relacionada la Ciudad de México. Por lo pronto, por estas fechas logró la autorización del gobierno para una erogación de 65,000 pesos para tender una línea de León a San Blas, pasando por Guadalajara, y otra de León a Ciudad Victoria, pasando por San Luis Potosí.
    El año 1856 inicia con la noticia de la aprehensión del jefe de los reaccionarios de apellido Guitián, que resultó falsa, motivo por el cual el periódico El Republicano se pregunta hasta qué punto pudiera comprometer a la paz pública un cable enviado por una persona cualquiera, firmado con el nombre que convenga a sus intereses, donde se diga algo que no es cierto y que puede tener enorme importancia por los acontecimientos políticos que pudiera suscitar. Opina que habrán de tomarse medidas y, aunque reconoce no tener ninguna idea, recomienda al gobierno que actúe para que 

[...] en el telégrafo no se abuse de la fe y de la credulidad. Creemos, sin embargo –abunda–, que es de meditarse este asunto, y lo recomendamos muy especialmente al supremo gobierno.8

    El supremo gobierno no tuvo idea de cómo evitar este problema, y no la tuvo nadie, pues como se reconocería después, este era un punto flaco del sistema telegráfico que no tenía solución. Y en consecuencia habría de seguirse usando el servicio con un dejo de buena voluntad en la credibilidad de los mensajes, corriendo el riesgo, bien posible, de que el remitente no fuera quien decía que era, y el dueño verdadero de la firma, así como su despistado destinatario, sufrieran las consecuencias del engaño. A 160 años de telecomunicaciones eléctricas en el mundo, parapetados ya en el Internet, ese asunto sigue relativamente latente, es decir, cualquiera puede abrir un perfil de Facebook, un blog o de correo electrónico con el nombre que le apetezca. Y se puede hacer poco, o nada, por evitarlo.
    Mientras tanto, Stewart seguía plantando postes por el Desierto de los Leones, allá por Cuajimalpa, encaminado a Toluca. El gobierno del estado publicó las bases para el establecimiento de la empresa, de nueve puntos, entre los que resaltan el capital total de dicha compañía, que sería de cien mil pesos, representado por acciones de cien pesos, medias acciones de cincuenta y cuartas de veinticinco.9 Para el 17 de febrero de 1856, habían sido tomadas ya cincuenta y un acciones de cien pesos cada una para la línea México-Toluca-Morelia, y el 19 se informó que la capital del país ya estaba concentrada con la del Estado de México y empezaba a cruzarse información con regularidad. Sin embargo, El Republicano muestra extrañamiento al descubrir que en la lista de accionistas “no se halle al supremo gobierno, el cual bien puede tomar diez o veinte acciones para proteger ese ramo de utilidad pública.”10 Este mismo diario publica la lista de accionistas que “hasta ahora han contestado a la invitación” de formar la empresa telegráfica. Entre los veintisiete accionistas se cuenta a los gobiernos de los estados de México y Michoacán, al propio gobernador del Estado de México, Plutarco González, de manera particular; cinco licenciados, 17 civiles, entre ellos una mujer y un cura: el de Ixtlahuaca, Pbro. Luis G. Suárez. Los gobiernos tomaron 18 y 10 acciones, respectivamente, el gobernador y uno de los licenciados cinco; los demás entre una, media y cuarta acción cada uno. Las aportaciones, por tanto, fueron de 25 a 1,800 pesos.11
    El “supremo gobierno” se vio en la necesidad de responder la nota crítica de El Republicano, que se extrañaba de no verlo entre los accionistas, alegando haber tomado 15 acciones el 12 de febrero a favor del Ministerio de Fomento, que por alguna razón el diario no había tomado en cuenta.
    El gobierno de Michoacán formó una comisión integrada por los señores Manuel Elguero, Agapito Solór-zano, Carlos Valdevinos y Onofre Calvo Pintado,

[...] para que promueva todo lo que les parezca conducente a fin de que se realice tan importante mejora que tanta influencia debe tener en el estado para las relaciones de cualquiera naturaleza y principalmente para las comerciales.12

    En notas separadas del El Heraldo, el 19 de marzo, y de El Republicano el 20, William Stewart informa que se han transmitido en el último mes por la línea México-Toluca-Morelia, seis mil doscientas cuarenta y cuatro palabras, produciendo $253.56 pesos, “lo que tengo el honor de participar a los señores accionistas”. Don Pedro Maldonado Olea, menos entusiasta cuando trata sobre aquellos años de 1858 y 59, dice en su crónica: “La revolución que asolaba el país había destruido las líneas telegráficas. Las de Guanajuato y León acaban de sufrir pérdidas que se estimaron en 31,000.”13
    En 1859, en el bando de los conservadores, el presidente Miramón prorrogó al Sr. Viya y Cosío por 25 años el privilegio para construir líneas y decretó un impuesto de 5% a las importaciones para fomento del telégrafo. El movimiento de mensajes en la oficina de México era entonces de 250 al mes.
    El telégrafo pasó crisis tremendas. La línea de Veracruz, destruida constantemente por los revolucionarios, había sido repuesta tres veces; pero como continuaran las depredaciones, pues utilizaban el alambre para obras de fortificación, se abandonó, quedando interrumpida por espacio de cinco años. Nuevamente se reconstruyó y una vez más se le causaron graves perjuicios. La empresa había agotado ya su capital en las reparaciones, y además no tenía ingresos porque el gobierno impidió, durante largas temporadas, que el público hiciera uso del telégrafo; únicamente se expeditaban los mensajes oficiales. Así de grave estaba la cosa.

Como compensación por este servicio –explica Maldonado Olea–, el gobierno ofreció a la empresa que le daría 80 pesos diarios cuando ocupara las líneas, sólo que no pasó del ofrecimiento porque no tuvo fondos para hacer el pago. En 1863 debía al telégrafo, según las cuentas atrasadas desde 1855, la suma de $58,540, además de $11,294 que se vio obligado a tomar del fondo del 5%. Sin tener en consideración lo anterior, la Regencia del Imperio exigió a la empresa que le diera comunicación telegráfica y que tendiera más líneas, y trató, por fin, de anularle el privilegio, como lo hizo después.14

    Bajando de tono el entusiasmo, y bajando de años, pues don Pedro Maldonado nos adelantó bastante, el 5 de marzo de 1861 El Constitucional publicó una extraña nota de protesta de un grupo de telegrafistas que dice:

El día de ayer insertamos en la sección de remitidos, por habérsenos mandado para su publicación, una representación que dirigen los empleados de telégrafos para que se devuelva a su dueño la oficina que ha estado como secuestrada desde la entrada de las fuerzas liberales a esta capital. Como las razones en que se funda esta representación son, a nuestro juicio, dignas de consideración, recomendamos al supremo gobierno la determine con la justicia que ello merece.

    Ese año, desde el bando liberal, Benito Juárez hace una serie de importante reformas a la administración pública. Reduce a cuatro sus ministerios, quedando las comunicaciones incluidas en la Secretaría de Justicia, Fomento e Instrucción Pública, bajo el mando Ignacio Ramírez, el célebre “Nigromante” liberal. El 4 de mayo lanza un decreto “para el fomento y mejora de las líneas telegráficas”, consistente en seis artículos:

    Art. 1. Para el fomento, mejora y extensión de las líneas telegráficas, se establece una contribución sobre todos los estanquillos y tiendas donde se expenda tabaco labrado, en rama o en polvo. Art. 2. La base de esta contribución se tomará del capital en giro en cada una de las negociaciones; Art. 3. Cada uno de los referidos establecimientos pagará una cuota mensual de uno, dos, diez, quince o veinte pesos, según la categoría en que esté colocado; Art. 4. Tres personas pertenecientes al ramo, nombradas por esta Secretaría para la Capital y el Distrito, formarán una junta calificadora, que con presencia de las manifestantes hechas por los interesados determinarán la cuota que cada uno deba satisfacer. Si ningún documento se presentase a los calificadores, éstos resolverán por sí y su fallo no tendrá apelación; Art. 5. En cada uno de los estados los Agentes del Ministerio de Fomento harán el nombramiento de la junta, la cual tendrá las mismas atribuciones que la de la Capital; Art. 6. Este impuesto se cobrará por los Agentes de Fomento en sus respectivas demarcaciones, por meses adelantados, y se les concede para gastos de cobranza un ocho por ciento. Por tanto, mando se impriman, publique, circule y observe. Palacio Nacional de México, a 4 de mayo de 1861. Benito Juárez al C. Ignacio Ramírez, Ministro de Justicia, Fomento e Instrucción Pública.15

    

Figura 1.  Telegrama de Puebla recibido en México a las 9:06 hrs., Puebla, marzo 16 de 1863.


Figura 2.  Telegrama de Puebla, recibido en México a las 12:20 hrs., marzo 16 de 1863.


Del lado conservador Ignacio Comonfort, habiendo observado que el antiguo sistema de medición, basado en leguas y varas tenía el “defecto de ser enteramente arbitrario”,16 lanza una “ley fundamental” para la adopción del sistema métrico decimal. Diez años después, como no fue “enteramente adoptado” este sistema, según el ministro imperial Luis Robles Pezuela en su Memoria de 1865, es decir, que nadie lo tomó en cuenta o que nadie lo entendió, Maximiliano expidió “la nueva ley de pesos y medidas, poniendo en vigor el sistema métrico-decimal desde el 1o de enero de 1867”. Adelantando acontecimientos, sabido es que Maximiliano de Habsburgo fue finalmente derrotado por los republicanos, instalándose de nueva cuenta Benito Juárez en el poder. No se sabe si por haber sido una decisión de los conservadores, avalada después por el Imperio, o porque aún no hubo condiciones para entender el sistema métrico decimal, la ley de Maximiliano tampoco fue acogida ni por la población ni por el propio gobierno, pues todavía avanzado el Porfiriato las distancias en las Memorias del Ministerio de Fomento guardaban fidelidad al “enteramente arbitrario” sistema de varas, leguas y pies.
    No fue la única iniciativa imperial que se encaminó decididamente al fracaso. La concesión que Miramón había otorgado a Viya y Cosío en 1859, por 25 años, causaba el inconveniente de no poder construir una sola línea más sin su autorización, pues era de este caballero el “privilegio exclusivo” para establecer telégrafos “en toda la República”, lo que significaba algo más o menos como estar a merced de lo que Viya y Cosío dispusiera sobre el particular.
    Las protestas no se hicieron esperar y desde 1861 hubo una campaña periodística y oficial contra la exclusividad del privilegio en un territorio tan grande como México. A la llegada de Maximiliano, la concesión ya cobraba visos de escándalo y este se vio precisado a “conminar” al privilegiado a que “permitiera hacer nuevas concesiones, a reserva de arreglarse después la indemnización que por ello V. M. crea justo concederle.”17 Don Pedro Maldonado Olea sugiere que la petición fue mucho menos oficiosa, y el ministro imperial Robles Pezuela sencillamente le “anuló el privilegio”, luego de una campaña orquestada contra Viya y Cosío por el periódico Le Estaffete; sin embargo, fue tal su incapacidad para “adueñarse” de las líneas telegráficas, como se lo había pedido Maximiliano, que es de presumirse que el poderoso Viya y Cosío hizo largas negociaciones con el Estado de las que no salió del todo mal librado.
    El gobierno de Maximiliano se interesaba sobre todo en adquirir sus propias líneas. El emperador había pedido al ministro Robles Pezuela que estudiara la posibilidad de que el gobierno fuera propietario de las líneas telegráficas con el objeto de ganar control en las provincias. Robles Pezuela interpretó equivocadamente una “orden de adueñarse” por cualquier vía de las líneas, y únicamente se concretó a estudiar cuánto costaría al gobierno instalar una red propia de líneas telegráficas (lo que hizo Juárez posteriormente fue “federalizar” los telégrafos, sin importar si sus dueños querían o no vender), resultando de esto la insolvencia financiera para emprender una acción de tal magnitud.
El ministro respondió:

No siendo posible construir inmediatamente las líneas del gobierno y teniendo mayor importancia que se establezcan en el mayor número posible, se arreglaron con los particulares [...] varias concesiones bajo bases favorables [...], siempre con la condición de que el Gobierno pueda comprarlas.17

    Robles Pezuela informó haber concesionado a Carlos C. Clute para tres líneas telegráficas: una de Guanajuato-San Luis Potosí- “El Saltillo”-Monterrey-Matamoros; otra de Matamoros-Ciudad Victoria-Tampico-Tuxpan-Veracruz, y otra de San Luis Potosí-Aguascalientes-Zacatecas-Fresnillo-Sombrerete-Durango. El plazo concedido fue de un año para la primera, y de dos para las otras. Y por aquello de que “la ambición mató al gato”, el ministro se apuró a comentar: “Tengo noticias positivas de que cuenta con los elementos necesarios para cumplir su compromiso.”18 Se concesionó a Carlos J. Arnoux “como representante de varios capitalistas de New York”, las líneas México-Toluca-Morelia-Zamora-La Barca-Guadalajara-Tepic-San Blas-Mazatlán-Culia-cán-Guaymas-San Francisco, este último punto de la Alta California; Mazatlán-Cuencamé-Parras-Villaldamas-Cerralvo-Camargo-Durango, y entre Manzanillo y Guadalajara, poniéndole un plazo de cuatro meses “para presentar la conformidad de las personas que representa”.19 Y por último, por si a Maximiliano le quedara duda de la imposibilidad de adueñarse del telégrafo, la concesión otorgada a Rodrigo Rincón para dos líneas: de Lagos a Aguascalientes y de Lagos a San Luis Potosí, pasando por sus haciendas de Juachi e Ibarra. Se le dio ocho meses para la primera y dieciocho para la segunda,20 ante lo cual Maximiliano, arrinconado, respondió que aunque el telégrafo debía pertenecer al Estado, “no hay inconveniente en que sean construidos por Compañías, a las que después les compre el Gobierno.”21 Y en su cometido por dejar claro que “el Gobierno es el único que puede construir líneas telegráficas en el Imperio”, y solo cuando “lo considere conveniente, dará permiso a algún individuo o compañía para que lo haga”, ordenó a Robles Pezuela la elaboración de un documento que no dejara dudas en la legislación del sistema telegráfico.22
    Se originó el documento, que sin duda fue la principal obra de Maximiliano en materia de comunicaciones eléctricas, pues es el primer reglamento en la historia mexicana de un sistema de telecomunicación en donde se incluye la totalidad de sus mecanismos técnicos y administrativos, que serviría de prototipo a los que le siguieron, implementando bases definitivas que se observaron hasta el final de su historia, cuando fue oficialmente clausurado en 1992.
    Maximiliano deja el gobierno con solo dos líneas funcionando: una de México a Veracruz,

[...] con un pequeño ramal del Palmar a San Andrés Chalchicomula, de la propiedad del señor Viya y Cosío, y otra de esta misma Capital a Guanajuato, propiedad del Sr. Muñoz Ledo. Ambas estaban comprendidas en el antiguo privilegio de líneas telegráficas de 1849, prorrogado por el gobierno del general Miramón el 10 de mayo de 1859 al referido Sr. D. Hermenegildo de Viya y Cosío, como concesionario de la testamentaría de D. Juan de la Granja.23

    A la caída de Maximiliano en 1867 el telégrafo está en su más precaria condición. Las líneas federales aparecen en el paisaje mexicano como un ejemplo de barbarie. Benito Juárez, Lerdo de Tejada, Porfirio Díaz –por primera vez– y Manuel González, a pesar de su preocupación, poco fue lo que pudieron hacer. Los franceses estaban fuera, esto era cierto, pero quedaban los insurrectos nacionales. Y ellos también tumbaban líneas.
    No obstante, es en esta época cuando el telégrafo empieza su resurrección, aunque sus resultados, en un ambiente de levantamientos, revueltas indígenas, invasiones y amenazas extranjeras, hayan sido prácticamente insignificantes. Sin embargo, hay indicios de su preocupación. Dice don Luis González y González en la Historia General de México

Movidos por una fe ciega en la capacidad redentora y lucrativa de las modernas vías de comunicación, los gobiernos de Juárez y Lerdo dedicaron a construirlas lo mejor de sus esfuerzos. Antes se habían instalado mil ochocientos setenta y cuatro kilómetros de líneas telegráficas. En la década comprendida entre 1867 y 1876 se tienden más de siete mil kilómetros. Además, se restauran viejos caminos carreteros y se abren otros, y se vuelve costumbre el servicio de diligencias entre las mayores ciudades de la república. Por otra parte, se renueva la concesión a la compañía constructora del Ferrocarril México-Veracruz con más franquicias para los constructores que las negociadas por Maximiliano.24

Referencias

1        Maldonado Olea P. Resumen histórico del telégrafo en México (S/F). Original propiedad del Grupo de Investigaciones Históricas y Museo de las Telecomunicaciones (p. 1).
2        El Monitor Republicano (2933), 17 de septiembre de 1855, año X  (p. 3).
3        El Monitor Republicano (2937), 21 de septiembre de 1855, año X (p. 4).
4        El Monitor Republicano (2956), 10 de octubre de 1855, año X (p. 3).
5        El Monitor Republicano (2957), 11 de octubre de 1855, año X (p. 4).
6        El Monitor Republicano (2974) 28 de octubre de 1855, año X (p. 4).
7        El Monitor Republicano (2983) 7 de noviembre de 1855, año X (p. 3).
8        El Republicano, 11 de enero de 1856.
9         El Monitor Republicanoo (3076), 8 de febrero de 1856, año XI (p. 2).
10       El Republicano, tomo I, año II, No. 147 del 19 de febrero de 1856 (p. 4).
11       El Republicano, 20 de febrero de 1856.
12       El Monitor Republicano 3093, 25 de febrero de 1856, año XI (p. 3).
13       El Heraldo 748, 19 de marzo de 1856, año III (p. 3) y El Republicano 173, 20 de marzo de 1856, tomo I (p. 4).
14       Maldonado Olea P. Resumen histórico del telégrafo en México, original propiedad del GIHMT (pp. 1 y 2).
15       Dublán y Lozano, Legislación Mexicana, Tomo IX, edición oficial (pp. 188-189).
16       Robles Pezuela L, ministro de Fomento (1865). Memoria de la Secretaría de Fomento a Maximiliano I (p. 3).
17       Memoria de la Secretaría de Fomento, Ibid (p. 93).
18       Memoria de la Secretaría de Fomento, Ibid, Documento 50 (pp. 93-94)
19       Memoria de la Secretaría de Fomento de la Secretaría de Fomento, Ibid, Documento 51 (p. 94).
20       Memoria de la Secretaría de Fomento, Ibid, Documento 52 (p. 94).
21       Memoria de la Secretaría de Fomento, Ibid (p. 469).
22       Memoria de la Secretaría de Fomento, Ibid, Documento 35 (pp. 475-476).
23       Memoria de la Secretaría de Fomento, Ibid, Documento 47 (p. 92)
24       González y González L (1981). El liberalismo triunfante. En Historia General de México (tercera Ed., tomo II, pp. 921-922), El Colegio de México.
Leopoldo Noyola
Antropólogo
Revista Elementos
polo.noyola@gmail.com