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Elementos No. 115              Vol. 26, Julio-Septiembre, 2019, Página 11

Cannabis en México
Una propuesta temática y de secuencia legislativa para su regulación


Jorge Hernández Tinajero
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No es la primera vez que el Congreso tiene que encarar, de una forma u otra, el tema de la cannabis. Desde 2008, año en que la diputada Elsa Conde presentó en la Cámara de Diputados tres iniciativas de ley para regular la planta, han sido presentadas al menos unas 15 propuestas de ley más. Ninguna de ellas, excepto las del Presidente Enrique Peña Nieto sobre cannabis medicinal –convertida ya en ley– ha llegado a discutirse para ser votada.
    En esta ocasión, sin embargo, partimos de nuevas circunstancias. La presente legislatura, así como el nuevo gobierno de México, han expresado su voluntad política para regular el cannabis de forma integral. Así las cosas, la ahora Secretaria de Gobernación ha presentado una iniciativa que, esperamos, pronto pase a una nueva fase del proceso legislativo.
    Estas líneas intentan trazar una ruta razonable para construir una legislación responsable, funcional y democrática para la regulación del cannabis en México. La propuesta se fundamenta, antes que en el mercado, en los derechos de los usuarios y de los no usuarios, así como en la salud y la seguridad públicas.
    Para lograrlo, se propone una secuencia que aborde los numerosos aspectos que deben ser considerados en una tarea legislativa de esta naturaleza, en un orden de prioridades que distinga básicamente entre lo obligatorio –dadas las recientes sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como de la jurisprudencia subsecuente–, y lo indispensable, si es que se busca garantizar realmente los derechos reconocidos por la Corte; y finalmente lo deseable, al menos desde el punto de vista de los usuarios, que al fin y al cabo somos el objeto último de la regulación.
    Primero, entonces, lo obligatorio. La SCJN, a través de sus cinco sentencias sobre el uso personal del cannabis, declaró como inconstitucionales diversas disposiciones relativas a la planta contenidas en los artículos de la Ley General de Salud. Al determinar que dichas disposiciones se extralimitan en términos de la actual injerencia del Estado frente a decisiones de carácter privado de los adultos, la Corte reconoció explícitamente dos derechos que deben ser protegidos y garantizados por el Estado: el derecho a la autonomía personal, y el derecho al libre desarrollo de la personalidad. En relación a la cannabis la SCJN reconoció que el cultivo privado de la planta, sin fines de comercio, entre adultos que no afecten a terceros, es una vía razonable para ejercerlos.
    Bajo estos parámetros, la Corte obliga ahora al Congreso a cambiar los artículos de la Ley General de Salud contemplados en sus sentencias. En consecuencia, el Poder Legislativo tiene ahora la obligación de descriminalizar al consumo que no afecta a terceros y a regular el cultivo personal, pero sobre todo, al cultivo asociado. Algo que, es importante hacer notar, la iniciativa de la ahora Secretaria de Gobernación contempla.
    El segundo paso de la regulación es también indispensable, aunque no esté explícitamente mencionado por la Corte. Esto es así porque limitar la regulación al cultivo no resuelve el mayor y más grave problema social que el actual régimen de control supone: la criminalización del uso y los incentivos para la creación de mafias dispuestas a satisfacer un mercado cuya existencia es estable, y comprobable, desde hace mucho tiempo en el país. En consecuencia, es importante que la potencial regulación que ahora se pretende discutir no se limite únicamente a lo establecido por la Corte, sino que se amplíe a la regulación del consumo para separarlo del ámbito de lo criminal y lo delictivo.
    En el caso de la criminalización del consumo, la piedra angular de la actual legislación se concentra en el delito de posesión. Dado que se supone que existe una suerte de derecho al consumo –o al menos ahora, límites claros del Estado frente a las decisiones del adulto que no afectan a terceros–, la tipificación delictiva de la posesión simple de cannabis hace imposible que alguien pueda ejercer su derecho a consumirla, sin ser considerado un delincuente. En la práctica, el delito de posesión simple convierte a los usuarios de cannabis –y en realidad de cualquier otra sustancia considerada ilegal–, en un botín para las autoridades policiacas, y al mismo tiempo, desvía los recursos de seguridad a perseguir a quienes no representan un peligro para la sociedad. Todo ello en detrimento de perseguir delitos contra la propiedad, violentos o depredadores que afectan al conjunto social.
    De esta forma, si el Estado busca poner límites a las actividades de la delincuencia organizada y a los mercados ilícitos de cannabis, aun sin regular un mercado abierto, debe dar a los usuarios una alternativa para abastecerse y poseer sin ser criminalizados. El cultivo privado, personal o asociado, es el primero y el más importante paso, sin cambiar el carácter delictivo de la posesión simple, esto nunca será posible.
    Pero una vez establecidas reglas claras para el ejercicio de los derechos instaurados por la Corte, relativos al consumo y a la producción de la planta con fines privados, será posible –y deseable– pensar en la regulación de un mercado abierto de cannabis y de cáñamo. Esta sería la tercera etapa de la legislación, una que sin duda es altamente deseable si lo que se propone es contar con un sistema integral de control que sea capaz de competir con el mercado ilícito, pero también de aprovechar una industria que ha sido desperdiciada lamentablemente por el actual sistema de control.
    Así, una primera legislación deberá dedicarse a la industria del cáñamo, que ofrece posibilidades novedosas para el desarrollo de nuestra economía rural, ya que podría detonar una industria de la transformación de esta materia prima en productos de una gama tan variada que va desde los cosméticos al papel, pasando por los textiles, materiales de construcción, bioenergéticos y un largo etcétera. Actualmente, nuestros tratados comerciales permiten la importación de estos productos, pero nuestra legislación hace imposible producirlos aquí, lo que supone una importante desventaja económica, así como un desperdicio de nuestro potencial en esta industria. Legislativamente, de esta manera, el cáñamo debería ser regulado por instancias económicas, y no como actualmente sucede, por autoridades sanitarias, dado que la finalidad de su producción nada tiene que ver con las propiedades psicoactivas de la flor, sino con sus fibras, semillas y aceites.
    En segundo lugar, es necesario reformar tanto la ley como las disposiciones regulatorias actuales relativas a los fines médicos y terapéuticos de la planta. En este campo la gente que necesita o quiera usar cannabis con esos fines debería contar tanto con medicamentos de grado farmacéutico (lo que implica regulaciones y procedimientos estrictos, iguales a los que rigen a todos los medicamentos en el mundo), pero también acceso a la planta en su forma natural. Para ello, convendría entonces considerar una clasificación de remedio herbolario que permitiera contar con productos menos estandarizados que los medicamentos, pero que son, en no pocas ocasiones, los que más necesitan la mayoría de los pacientes que tratan con cannabis sus padecimientos.
    Finalmente, la regulación tendría que considerar cuál es la mejor fórmula para regular un mercado abierto de cannabis con fines personales. Para esta etapa hay numerosos caminos y sistemas, y aquí el debate debe ampliarse y aceptar que, aun cuando México es un país con características idiosincrásicas, culturales y económicas particulares, la experiencia internacional debe ser tomada en cuenta para ser valorada por su funcionalidad y capacidad de adaptación a nuestra realidad.
    Para este mercado, por ejemplo, la legislación deberá considerar políticas cuya guía debe ser la protección de la salud pública –como la limitación estricta de la publicidad–, pero también la posibilidad de que una potencial industria nacional pueda competir con los grandes capitales extranjeros. Asimismo, tal regulación deberá ser muy clara en cuanto a instrumentar controles efectivos de acceso –limitando de forma efectiva, por ejemplo, el acceso a los menores de edad–, pero al mismo tiempo, reconociendo la existencia de un mercado sofisticado en términos de la variedad y cantidad de productos que existen actualmente.
    Por último, es importante mencionar que la regulación de un mercado abierto de cannabis, con fines no médicos, transgrede sin lugar a dudas el sistema internacional de control y los tratados firmados por el país en la materia, algo que antes era el pretexto ideal para negar cualquier discusión regulatoria sobre la planta.
    Sin embargo, los Estados Unidos –y el sistema internacional de control por sí mismo– han perdido su autoridad moral para presionar a terceros países en la materia. Y la experiencia reciente de Canadá y Uruguay, por ejemplo, ha revelado que las consecuencias para ambos países han sido mucho menos de las esperadas en el plano internacional. Pero si México decide unirse a este nuevo club, es importante reconocer que tendrá que justificar, con inteligencia y firmeza, una decisión que sin duda favorecerá nuestros intereses nacionales, pero que no necesariamente contará con la simpatía de muchos países alrededor del mundo.
    Estos son los dilemas a considerar.

Jorge Hernández Tinajero
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM
jorgecalamar@gmail.com



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